Monterrey.- Diputados locales del Congreso de Nuevo León exigieron a las autoridades llegar al fondo de las investigaciones por el posible fraude cometido por el ex gobernador del Estado, Jaime Rodríguez y el empresario Gerardo Issa Martínez, con la compra de camiones en 2020 y 2021.
Luego de que ABC Noticias diera a conocer que el ex mandatario y el empresario lagunense habrían simulado inversiones millonarias en Nuevo León, para sustentar la entrega de los contratos a la empresa Tranquilidad Financiera, los legisladores locales pidieron esclarecer el caso y llegar a las últimas consecuencias.
El líder de la bancada de Movimiento Ciudadano, Eduardo Gaona, señaló que este podría tratarse de un nuevo caso de corrupción del ex mandatario quien hoy se encuentra en prisión preventiva en el penal de Apodaca, por lo que debe investigarse.
“Es otro escándalo que apunta a Jaime Rodríguez. Las autoridades competentes deberán de tomar el caso e investigar, y que se actúe conforme a la ley. Si se comprueba que existe delito, por supuesto que se tiene que aplicar la pena correspondiente. El caso que se difunde no se debe quedar en saco roto. Jaime Rodríguez está hoy imputado por malversación de recursos, y este podría ser un nuevo caso de corrupción ligado a la administración anterior”.
"Con la aprehensión del Bronco y con los nuevos escándalos que se siguen denunciando, tenemos una gran oportunidad: poner el ejemplo de que en NL los delitos cometidos por funcionarios de cualquier nivel, sí se van a castigar”, aseguró.
En esto coincidió el coordinador de la bancada del Partido Verde, Raúl Lozano, quien dijo que
“Me parece que en este caso se tiene que llegar al fondo de la investigación, ya que hay un daño muy claro al erario público, al no haberse entregado las unidades que se prometieron, y por ende hubo omisión de la autoridad al no pagar las penas convencionales por no entregar en tiempo y forma”.
“Además se detectó que la empresa no tenía solvencia económica, esperemos que la autoridad llegue al fondo en este caso, ya que hay un daño muy claro que se tiene que resarcir”, dijo.
A la llegada de la nueva administración estatal, la empresa había incumplido con la entrega de 30 unidades, recibiendo prórrogas ilegales y sin penalización, por lo que el contrato fue rescindido, pese a que se había entregado un anticipo del 20 por ciento.
Es por ello que el titular de la Secretaría de Movilidad, Hernán Villarreal, presentó una denuncia el pasado mes de febrero para que se investigue este caso, en el que se presumen varios delitos por parte de ex funcionarios estatales.