Monterrey.- Representantes de organizaciones no gubernamentales pidieron al gobernador del Estado que vete las modificaciones a la Ley de Movilidad impulsadas por el diputado local del PAN, Luis Susarrey.
Las reformas a la ley, aprobadas por el Congreso local, contemplan que se exija a los municipios que los proyectos de infraestructura para ciclistas pasen por una validación de factibilidad por parte del Instituto de Movilidad.
"Es anticonstitucional en términos de las atribuciones municipales, el artículo 115 establece que es atribución de los municipios el diseño y el espacio público y las calles, creemos que en todo caso es desventajoso porque hay obras que generan mayores impactos negativos de vialidad, de movilidad, que en este sentido tendrían que ser validadas y no las de movilidad activa o que van en pro del medio ambiente", expuso Eduardo Aguilar, de Distrito Tec.
Los integrantes de Pueblo Bicicletero, La Banqueta Se Respeta y Distrito Tec, consideraron que la única opción que existe para que se frene esta medida es que sea vetada por el ejecutivo estatal, por lo que acudieron al Palacio de Gobierno, donde presentaron la solicitud por escrito.
"Esto desincentiva que los mismos municipios y los ayuntamientos realicen infraestructura ciclista en la ciudad, porque tendrían que pasar por esta validación del Instituto de Movilidad, y el otro tema es ¿el Instituto de Movilidad tiene la competencia para hacerlo? ¿tiene la capacidad técnica para hacer estudios de factibilidad de infraestructura ciclista? Aprueban este tipo de iniciativas así como al vapor", consideró Georigina Treviño, de Pueblo Bicicletero.
El diputado Luis Susarrey, fue quien presentó la iniciativa de modificación a la Ley de Movilidad, al considerar que el proyecto conocido como Vía Libre, en San Pedro, fue construido sin contar estudios técnicos de factibilidad y con la oposición de un grupo de vecinos del sector.
Carolina Leos, de La Banqueta Se Respeta, señaló que la propuesta del panista va en contra del camino correcto de la movilidad.
"Esta nueva propuesta no es hacia donde deberíamos estar yendo, (no es) el camino correcto, es lo contrario, no tener leyes restrictivas o cuestiones restrictivas sino que permitan que se facilite la implementación de las mismas", declaró.
La petición del veto fue firmada por 11 organizaciones, colegios y universidades.