Monterrey.- Las bancadas del PRI y PAN en el Congreso de Nuevo León exigieron al Estado que se respete rigurosamente la legalidad del nombramiento del gobernador interino.
Mediante un comunicado, manifestaron que se deben acatar las resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
“El gobierno estatal debe acatar las resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que han resuelto claramente que la atribución del nombramiento del Gobernador interino corresponde exclusivamente al Congreso de Nuevo León”, señalaron.
Indican que el Estado actualmente atraviesa momentos críticos por las malas decisiones y acciones del gobernador Samuel García, quien retomó su cargo tras ocho días de precampaña presidencial y se separará nuevamente en tres días.
“La interpretación manipulada y engañosa que pretende hacer el gobierno estatal sobre un mandato legal solo tiene el objetivo de confundir y polarizar a nuestra sociedad.
“Las acciones de Samuel García generaron un clima de ingobernabilidad y crisis política, por lo que es inaceptable agravar aún más la situación actual mediante una franca violación a nuestra Constitución”, advierten.
Denuncian que la administración estatal ha utilizado el presupuesto para presionar a los alcaldes de los municipios gobernados por el PRI y PAN.
“En la Ley de Egresos de 2023 se aprobó un fondo de 2 mil 500 millones de pesos destinados a proyectos municipales prioritarios en materia de seguridad, infraestructura y movilidad que continúan sin ser liberados.
“El gobierno de Nuevo León pretende utilizar como medio de presión y moneda de cambio para imponer a un gobernador interino”, manifiestan en el escrito.
En este sentido, agregan que la falta de los recursos afecta directamente a miles de ciudadanos “que no pueden ser rehenes de proyectos políticos personales, como ir a buscar una candidatura presidencial”.
“Esta violación a la Ley de Egresos es un acto doloso de una preocupante irresponsabilidad social, política y económica que traerá consecuencias jurídicas”, afirman los legisladores.
Reiteraron los presuntos actos de persecución política por parte del gobierno estatal, y exigieron nuevamente el cese definitivo al uso político de las autoridades estatales en contra de quienes no se someten a la voluntad del Ejecutivo.
Finalmente, mencionan que la designación del gobernador interino por parte del Poder Legislativo debe ir de la mano con el compromiso de poner fin a la persecución y que se garantice plenamente el respeto a los derechos políticos y humanos.
“Aceptar el diálogo no implica un cheque en blanco. Como legisladores de oposición demandamos un compromiso real con la democracia, la legalidad y el bienestar de la población. La ley no se negocia, la ley se cumple”, precisaron.