Monterrey.- Con la finalidad de reducir la violencia de género, la Diputada local del PRI, Lorena de la Garza, presentó ante la Oficialía de Partes del Congreso local, una iniciativa de reforma a la Constitución local.
En dicha iniciativa, todas las personas que presenten antecedentes penales como: agresores de violencia familiar, delitos sexuales, delitos de violencia contra las mujeres en cualquiera de sus modalidades, deudores alimentarios morosos y/o como agresores por el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias, no puedan ocupar cargos públicos o de elección popular.
“Estamos presentando una reforma la Constitución Política del Estado de Nuevo León, donde estamos proponiendo una reforma a seis artículos para que los hombres o las personas que tengan un antecedente por agresión, acoso que sean deudores alimentarios o que tengan una sentencia por violencia física contra las mujeres, no puedan ostentar ningún cargo público en determinado tiempo que estamos estableciendo en esta propuesta de reforma”, comentó la Diputada.
“Estamos tratando de proteger y salvaguardar la vida de las mujeres, de las familias y de quienes hayan cometido estos errores, es estos delitos, no puedan ostentar un cargo público, sabiendo que llegan a una posición de poder, en el que van a influir en la vida de todas las personas del Estado de Nuevo León, no podemos permitir que estos 3 tipos de agresores lleguen a tomar decisión a un puesto en el que toman decisiones a favor de la vida de la gente de Nuevo León”, recalcó la legisladora.
La propuesta de los tiempos para que los agresores no puedan ocupar cargos públicos o de elección popular es la siguiente:
Diputados: antecedente de 5 años a la fecha de la elección.
Gobernador: antecedente de 8 años a la fecha de elección.
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia: antecedente de 10 años a la fecha de su designación.
Miembros del Consejo de la Judicatura del Estado: antecedente de 10 años a la fecha de su designación.
Consejeros del Instituto Estatal de Transparencia: antecedente de 10 años a la fecha de su designación.
Miembros de los ayuntamientos: antecedente de 5 años a la fecha de la elección.
La propuesta presentada por la diputada, busca combatir la violencia de género y promover la igualdad de género en el ámbito político y público.
“Esta iniciativa que busca impedir que quienes tengan antecedentes de violencia o incumplimiento de obligaciones alimentarias ingresen o permanezcan en el servicio público es una medida necesaria y justa. El mensaje es claro. Las personas con este tipo de antecedentes no tienen las cualidades requeridas para representar los intereses de los ciudadanos y las ciudadanas del estado de Nuevo León. Es crucial que el servicio público cuente con funcionarios y funcionarias que respeten los derechos humanos y que actúen con ética y responsabilidad”, manifestó de la Garza.
“Además, esta iniciativa envía un mensaje contundente a la sociedad: la violencia de género y la falta de cumplimiento de obligaciones alimentarias son comportamientos inaceptables. La sociedad no debe tolerar la violencia en contra de la mujer en ninguna de sus formas, y mucho menos en el servicio público, donde los funcionarios y funcionarias tienen la responsabilidad de servir a la comunidad”, agregó la Diputada.
