San Pedro.- La Asociación Centrito Valle debió ser quien estableciera los requisitos y factores a tomar en cuenta para la entrega del apoyo económico a comercios activos, y no el ayuntamiento de San Pedro a cargo de Miguel Treviño, aseguró Luis Susarrey, diputado local.
De acuerdo al diputado, esto fue lo que debió realizarse con el fondo de 18 millones de pesos para los negocios afectados por las obras en el municipio de San Pedro, las cuales, indicó han disminuido las ventas en los comercios hasta en un 80 por ciento, según los locatarios.
“Ellos conocen la realidad de cada negocio, no es lo mismo el que vende tacos que va a seguir teniendo clientela por delivery al que vende café, ese tipo de detalles ya lo saben los que están ahí”, declaró el legislador.
Susarrey mencionó además que desde antes de iniciar las obras de remodelación se planteó la idea de asegurar un fondo para los comerciantes que pudieran resultar afectados, dentro del mismo presupuesto aprobado para la obra, pero esta petición fue ignorada.
“Si se planeaba invertir 700 millones (de pesos) en la obra por qué no invertir el 10 por ciento en algo tan simple y tan sencillo como auxiliar a los comercios, en lugar de 30 millones (de pesos) serían 70 millones (de pesos)”, informó.
Lo que la repartición del fondo refleja, según el diputado, es una falta de empatía a los negocios y a sus diferentes necesidades debido a que no se escuchó la voz de quienes siguen el pulso de cerca a los negocios de la zona.
Respecto a los requisitos para acceder al mencionado apoyo, Susarrey consideró también que estos son excesivos, y que, por el contrario, deberían facilitar los trámites y la burocracia impuesta por el gobierno municipal.
“Lo que está en riesgo es la economía de 200 negocios, cuántos empleados son, cuántas familias, dueños, gente que son de San Pedro, cuántas familias que vienen de fuera, me parece que deberían agilizar los procesos lo más que se pueda”, añadió.
Quienes conforman la Asociación Centrito Valle como la comisión del mismo nombre, coincidieron en que los requerimientos para ser parte de los beneficiarios del fondo son excesivos y difíciles de conseguir, destacando entre estos la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales que emite el SAT.