Monterrey.- Este domingo 23 de abril se cumplirán 200 días desde que la Fiscalía General de Justicia estatal permanece acéfala, con solamente un encargado del despacho, Pedro Arce.
La Fiscalía tiene una estela de conflictos, desde los propios como dirigir la persecución del delito, hasta los polarizados en la arena política de los diferentes poderes.
La fecha se cumple casi un año después de la localización del cuerpo sin vida de Debanhi Escobar, cuyo feminicidio generó presión al interior de la dependencia, resultando en la renuncia del entonces titular, Gustavo Adolfo Guerrero, el pasado 5 de octubre.
Desde entonces, las tareas de la Fiscalía quedaron bajo la supervisión de Pedro Arce, quien fue nombrado por el Congreso como encargado del despacho, figura que no alcanza las atribuciones máximas del organismo, por lo que se postuló como aspirante a Fiscal.
Quien también lo hizo fue el ex procurador, ex alcalde de Monterrey y ex candidato a la gubernatura Adrián de la Garza, renunciando a su militancia priista.
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Su registro causó escozor entre diputados del PRIAN y el Gobernador, desatando una ola de amparos, controversias e incluso el veto de Samuel García a su postulación.
Desde entonces se han iniciado 53 mil 44 carpetas de investigación y averiguaciones previas, siendo el pasado mes el de mayor actividad con 9 mil 602.
El pasado mes de enero, la legisladora emecista Sandra Pámanes, advirtió que en el mejor de los panoramas es posible que el tema, (designación de Fiscal) como mínimo, demore un año más, pues es necesario que la Corte resuelva y de ahí, a la conciliación y acuerdos en el legislativo neolones.
“De acuerdo a la resolución sí, probablemente sea el tiempo en que se repita el proceso desde la elección del nuevo fiscal o incluso de la integración del Comité de Selección, que eso sería más tiempo para concluir el proceso”, dijo Sandra Pámanes en entrevista con ABC Noticias.
La legisladora advirtió que esta demora es el resultado de un amague político emprendido por la oposición, del que dijo, es ahora la ciudadanía quien paga los platos rotos al no contar con la figura del llamado abogado del pueblo.