Monterrey.- El presidente del Congreso local, el panista Mauro Guerra, acusó que el Tribunal de Justica Administrativa (TJA) se extralimitó en sus funciones, al ser presionado por el Gobierno del Estado, para resolver que no se entreguen los 2 mil 500 millones de pesos a los municipios gobernados por el PAN y el PRI.
El legislador dijo que estos recursos les corresponden a cada uno de los municipios debido a que fueron aprobados por el Congreso del Estado, a la vez que destacó que el TJA debería ser autónomo.
Guerra insistió que con la resolución del TJA se afecta a la mayoría de los municipios, por un recurso interpuesto por el municipio de El Carmen con un gobierno emanado de Movimiento Ciudadano, donde todo indica que recibió instrucciones.
“Lo único que vemos es una intención del Gobierno del Estado de no cumplir la ley, de excederse en sus facultades y obligar a un tribunal, que debería de ser autónomo, a emitir una resolución que no está en la constitución y que va en contra de los propios municipios.
“Ahora los municipios no contarán con recursos para resolver los problemas de los ciudadanos, para invertir en seguridad, para invertir en obra pública, para invertir en movilidad”, expuso Guerra.
Asimismo, destacó que esta resolución del tribunal “seguramente será apelada por los municipios afectados y en su momento desecharse y obligar al Estado a entregar estos recursos”.
El presidente del Congreso del Estado lamentó que con la decisión parcial tomada por el órgano de justicia, se afecta no solamente a municipios cuyos alcaldes militan en PAN o en el PRI, sino de todos los partidos y sin partido.
“Pero además vemos con esta decisión que el Gobierno del Estado lo único que busca es quitarle a los municipios lo que ya tienen y aunque se llaman o se dice que son del PRI-AN pues hoy no es así porque en este fondo hay también municipios independientes cómo es el caso de García, como de Movimiento Ciudadano, como es el caso de Ciénega, de Morena, como es el caso de Escobedo”.
Incluso, señaló, que el municipio de Allende cuya presidenta municipal se incorporó a Movimiento Ciudadano, también corre el riesgo de no recibir este recurso.