Monterrey.- El gobierno del estado de Nuevo León denunció ante la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada al esposo de la diputada priísta Perla Villarreal y algunos allegados, por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
En la denuncia, emitida el 11 de julio y recibida en la oficialía de partes de la Fiscalía General de la República un día después, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIFE), pide a las autoridades federales investigar y perseguir los delitos presuntamente cometidos por los particulares Joel Armando Caballero Hernández, José Alejandro Caballero Hernández y Wenceslao Cantú Martínez.
En el documento expedido por Luis Carlos Manuel Cuevas, titular de la UIFE de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, se señala que la investigación también obedece ante la posible comisión de los delitos de defraudación fiscal equiparada y defraudación fiscal.
De igual forma, y a consecuencia de las mismas faltas referidas, las autoridades también abrirán una carpeta de investigación a la empresa Promedia Exteriores S.A. de C.V., además de contra quien resulte responsable.
“A consideración de esta Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del Estado de Nuevo León, las personas físicas y morales que se relacionarán han ingresado recursos al Sistema Financiero Nacional, recursos que, con un alto grado de probabilidad, tienen su origen en el despliegue de conductas ilícitas de naturaleza fiscal y tuvieron como objetivo principal las conductas de ocultar su origen, propiedad y destino, que originan un daño y perjuicio a la solidez, estabilidad y credibilidad del Sistema Financiero Nacional Mexicano”, se lee en la misiva, dirigida a Alfredo Higuera Bernal, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.
Este nuevo embate a la legisladora tricolor, ocurre luego de que el pasado 28 de junio, Villarreal denunciara que ella y los negocios de su familia eran víctimas de persecución política por parte del gobierno del estado de Nuevo León, por lo que pidió la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La congresista del PRI señaló en esa ocasión que su equipo legal ya había interpuesto una denuncia por el delito de violencia política en razón de género.