Buscan solución a saturación de penales de Nuevo León

Angélica Elizondo Riojas, directora general de la organización civil Renace ABP, indicó que en 2022 apoyaron a 221 personas a quienes dieron acompañamiento jurídico, y apoyo psicológico.

(Archivo ABC)

Monterrey.- Ante la saturación que se presenta en los penales de Nuevo León, Angélica Elizondo Riojas, directora general de la organización civil Renace ABP, indicó que se deben analizar las opciones que contribuyan a una solución.

Indicó que en la organización se está ayudando a quienes tienen delitos leves y los han cometido por primera vez, sean de escasos recursos y no puedan pagar su asesoría legal, para buscar su libertad y reinserción social.

ABC Noticas publicó recientemente que, de acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública, de junio del 2022 a junio de este año, primer año como titular de Gerardo Palacios Pámanes, han ingresado a los penales al menos mil personas.

La titular de la organización civil, indicó que en 2022 apoyaron a 221 personas a quienes dieron acompañamiento jurídico, y apoyo psicológico.

“Estamos tratando de colaborar en lo que nos toca muchos pueden tener el beneficio que los podamos apoyar con el pago de la reparación del daño al no contar con recursos”, indicó la titular de la organización civil.

Según un análisis de ABC Noticias a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el estado, hay al menos una población penitenciaria de cuatro mil 017 personas sin sentencia, es decir, el 39 por ciento del total.

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De acuerdo con los Censos Nacionales de los Sistemas Penitenciarios en los Ámbitos Federal y Estatal (CNSIPEE-F) 2023, en el país hay universo de 88 mil 185 reos sin sentencia, una cantidad promedio también equivalente al 39 por ciento del total.

Nuevo León es el octavo estado del país con siete mil 488 ingresos y seis mil 799 egresos al cierre del 2022. Palacios Pámanes reconoció a inicios de mes que, ante este escenario, es necesario realizar un cambio de estrategia y modificar el Código Penal del estado para encerrar solo a quienes hayan cometido delitos graves.

Al respecto, en febrero pasado, el presidente del Poder Judicial del Estado, Arturo Salinas, sugirió implementar el uso de brazaletes electrónicos para infractores de delitos patrimoniales o de violencia familiar.