Monterrey.- Por los delitos de ejercicio ilícito y daño en propiedad ajena, Benito Juárez, exdirector jurídico de San Pedro, fue vinculado a proceso en relación con el caso de las Torres Ysabella.
En entrevista para ABC Noticias, Javier Garza y Garza, Fiscal Anticorrupción, explicó que durante una audiencia iniciada el jueves de la semana pasada y la cual se extendió hasta la madrugada de este martes, al exfuncionario se le dictó arraigo domiciliario por lo que no podrá salir de su vivienda, ni mucho menos del país.
La medida fue aplicada, al no haber hecho de conocimiento al cabildo, sobre la suspensión que los desarrolladores tenían en un juzgado, para no demoler el puente principal de acceso al complejo ubicado en la colonia Fuentes del Valle.
“El exdirector jurídico (Benito Juárez), no hizo del conocimiento del cabildo, de esa situación, ese es el delito por lo que están acusando estás personas y la audiencia de imputación fue la semana pasada y hasta ahora en la mañana lo vincularon a proceso y se decretó como medida cautelar el arraigo domiciliario”, explicó.
Garza y Garza detallaron que en lo que se lleva el proceso y el periodo para el desarrollo de pruebas se estableció hasta el próximo 21 de marzo.
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Asimismo, indicó que se están haciendo las cuantificaciones correspondientes para determinar el posible daño económico que pudo haber causado.
“Por lo pronto, en lo que se lleva el proceso, se pidió el plazo para el periodo de pruebas, lo pedimos por dos meses, hasta el 21 de marzo y ahorita, por lo pronto se están haciendo las cuantificaciones correspondientes para determinar el posible daño que pudo haber causado”, indicó.
El pasado 7 de Julio del 2023, Treviño de Hoyos, declaró que en este caso están vinculados actos de corrupción de las exadministraciones, de los panistas Fernando Margáin, Mauricio Fernández, y Ugo Ruiz, además de que se le otorgó una licencia de construcción sin que tuviera la de uso de suelo.
“Este tema, en el momento que se inició, le debió haber interesado de manera particular a la regidora porque tiene que ver con actos de corrupción de cuatro administraciones panistas seguidas”, señaló Treviño el 7 de julio de 2023.
Fue el 2 de febrero del 2024, en la entonces administración del exalcalde Miguel Treviño, en la que se avaló iniciar con el proceso de demolición al revocarles ocho permisos, presuntamente por información falsa proporcionada por el desarrollador.
El complejo, que consta de 136 departamentos en dos torres, también se ha visto envuelto en polémica, presuntamente al encontrarse en una zona de alto.