Monterrey.- Nuevo León perdió $1,000 millones de dólares de gasto estatal por los desacuerdos políticos que impidieron sacar adelante el Presupuesto 2025, estimaron expertos, quienes señalaron que a final de cuentas quien más pierde es la ciudadanía.
De haberse aprobado el Congreso el Paquete Fiscal 2025 ajustado a la inflación, como lo hicieron el resto de los estados del país, el estado habría podido disponer de al menos $21,000 millones de pesos adicionales, que podrían ser canalizados para las obras públicas clave del estado.
Según los especialistas, la entidad debería contar con un Presupuesto de Egresos mínimo de $161,042 millones de pesos, tomando en cuenta una inflación acumulada del 15% desde enero de 2023.
En lugar de esto, se utilizará el mismo paquete fiscal del año 2023, luego que el 1 de enero se decretara la reconducción del Presupuesto; es decir, utilizar uno anterior porque el actual no fue aprobado por los diputados, algo que ya sucedió también el año pasado.
La falta de acuerdos entre Ejecutivo y Legislativo obliga a disponer de $140,037 millones de pesos, 8% menos de lo que la Tesorería estatal propuso al Congreso local para 2025.
De acuerdo con el economista Édgar Luna, director del Centro de Investigaciones Económicas de la UANL, el gasto no sólo debería ajustarse a la inflación anual, sino a la acumulada desde hace dos años, puesto que se trata de la segunda reconducción del Presupuesto 2023, por lo que debería contemplar un alza de 15% este año, argumentó en entrevista para ABC Noticias.
“Quedan retos de movilidad, inseguridad con un Presupuesto del 2023; y además está en riesgo la competitividad de Nuevo León por la llegada de Trump a la presidencia de los Estados Unidos.
Es un año complicado”, dijo Luna. El también economista Jorge Moreno, profesor-investigador de la Facultad de Economía de la UANL, coincidió con Luna al señalar que la inflación en la zona metropolitana de Monterrey suele ser mayor a la del país.
“Entonces, definitivamente el presupuesto para el 2025 debería integrar crecimientos que reflejen esta aceleración en el crecimiento de los precios; el no tenerlo, le resta competitividad al estado, y se pone en riesgo la obra pública”, comentó.