Monterrey.- La diputada federal Iraís Reyes adelantó que la próxima semana presentará una iniciativa para crear una lista negra de empresas desarrolladoras, con el objetivo de que la ciudadanía pueda identificar a aquellas constructoras que arrastran litigios o han incumplido en la entrega de proyectos inmobiliarios.
La legisladora explicó, en entrevista con ABC Noticias, que esta propuesta busca brindar mayor transparencia y proteger el patrimonio de quienes deciden invertir en vivienda, aunque subrayó que este mecanismo no debe convertirse en una “excusa” para que las autoridades dejen de agilizar los trámites que hoy mantienen detenidas numerosas obras en Monterrey.
Reyes comentó que una herramienta pública donde se concentre el historial legal de las desarrolladoras permitiría a los compradores tomar decisiones informadas.
“Sería útil crear esto que voy a estar proponiendo la siguiente semana, que es una lista negra donde las personas puedan consultar si la constructora que desarrolla algún proyecto inmobiliario que les interesa ya ha tenido litigios por incumplimiento, para que puedan tomar mejores decisiones sobre ante qué constructora están decidiendo invertir su dinero.
“Va a ser la lista negra de la construcción, para que puedan conocer si empresas desarrolladoras han tenido algún litigio o incumplimiento en la entrega de los proyectos que están ofertando al público, para que de esta manera podamos tomar mejores decisiones sobre a quién le estamos cediendo nuestro patrimonio”, explicó Reyes.
Aunque reconoció que existe retraso en la tramitología municipal, advirtió que esto no justifica la falta de avance en las obras.
“La realidad es que, aunque hay plazos para resolver los trámites, estos no se cumplen. Yo creo que el retraso en los trámites no es una excusa para que no se realicen; pero sí creo que el gobierno tiene el deber de agilizar sus procesos internos, porque, al final de cuentas, esto perjudica tanto a la industria inmobiliaria como también a los compradores de bienes inmuebles.”
La legisladora también enfatizó que, en el desarrollo urbano, no deberían existir permisos “apalabrados”, ya que un permiso formal es fundamental para los trámites legales, pues es la garantía de seguridad tanto para las empresas desarrolladoras como para la ciudadanía.
Como parte de la solución, impulsó la digitalización total de los trámites municipales para que sean transparentes y ágiles.
El atraso en la emisión de permisos municipales ha dejado paralizados numerosos desarrollos en Monterrey, alimentando entre compradores la percepción de engaños.
Sin embargo, empresarios del sector insisten en que el problema central no es la operación fraudulenta de constructoras, sino la parálisis administrativa que arrastra el municipio desde 2022, cuando se implementaron revisiones masivas de permisos que terminaron convirtiéndose en una moratoria de facto.
Desde entonces se han acumulado auditorías sin concluir, trámites detenidos y cuellos de botella que derivaron en obras suspendidas, pérdidas de empleo y retrasos generalizados.
Aunque la administración actual asegura que trabaja en agilizar procesos, los requerimientos federales y estatales mantienen la lentitud.
Mientras Monterrey figura entre los municipios con más reportes de intento de fraude inmobiliario, especialistas aclaran que muchos corresponden a esquemas arrastrados de años anteriores y no están vinculados con los retrasos actuales.