Monterrey.- La vocación empresarial en Nuevo León genera una importante demanda, sin embargo, el crecimiento acelerado de las empresas de seguridad privada ha encendido las alertas por la falta de regulación y supervisión efectiva.
Legisladores locales coincidieron en que muchas de estas compañías operan sin registro oficial ni personal certificado, lo que representa un riesgo tanto para la ciudadanía como para las instituciones que contratan sus servicios, o incluso para reclutamientos a grupos delictivos.
El diputado Javier Caballero, del PRI y presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública del Congreso local, reconoció que, aunque existen reglas claras para establecer las empresas de seguridad, se ha detectado un uso indebido de las mismas con fines ajenos a la ley.
Caballero enfatizó que la Secretaría de Seguridad debe vigilar de manera más estricta la renovación anual de permisos y aplicar una depuración de las compañías que ya no cumplen con los requisitos establecidos.
Por su parte, el diputado José Luis Garza Garza, de Movimiento Ciudadano, advirtió sobre el creciente número de empresas que operan al margen de la ley.
“Hay muchas empresas que dan el servicio y no están registradas oficialmente en la Secretaría de Seguridad, ni federal ni estatal”, afirmó.
El legislador alertó que esta situación pone en riesgo a los ciudadanos, ya que muchos de los elementos de seguridad carecen de capacitación, protocolos y certificaciones.
Garza Garza señaló que más del 50 por ciento de las empresas de seguridad privada podrían estar operando sin registro oficial, lo que las deja fuera de cualquier supervisión.
Ante este panorama, presentó un punto de acuerdo para exhortar al Congreso de la Unión a aprobar la Ley General en Materia de Seguridad Privada, cuyo mandato constitucional lleva más de tres años pendiente, sin embargo, no alcanzó la aprobación del pleno.
En su exposición de motivos, el diputado destacó que, según datos del INEGI, al cierre de 2024 operaban en México más de 5 mil 100 empresas de seguridad privada, generando más de 113 mil empleos y aportando el 1.8 por ciento al PIB nacional.
Sin embargo, advirtió que la actual Ley Federal de Seguridad Privada, vigente desde 2006, ha quedado obsoleta y que el marco regulatorio se encuentra fragmentado entre normas estatales y municipales. Antes de 2018, la Comisión Nacional de Seguridad estimaba que de las aproximadamente 6 mil empresas que existían en el país, sólo 3 mil 640 estaban debidamente acreditadas.
El legislador insistió en la urgencia de una legislación uniforme que establezca una Autorización Única, un Registro Nacional de Empresas y Personal, así como controles sobre el uso de armas, la capacitación y la información confidencial.
En Nuevo León se registran 534 empresas de seguridad privada, la mayor cantidad en el país, generadoras de más 20 mil empleos directos.