Monterrey, N.L.- El diputado José Luis Garza Garza, integrante del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano, presentó ante el Pleno del Congreso un exhorto dirigido a los 51 municipios del Estado para reforzar los mecanismos de control, supervisión y denuncia dentro de sus corporaciones viales.
El legislador advirtió que la corrupción en los cuerpos de tránsito no corresponde a hechos aislados, sino a prácticas recurrentes que afectan la movilidad, generan pérdidas económicas y deterioran la confianza ciudadana en las instituciones públicas.
Percepción de Corrupción Estructural
Garza Garza señaló que existen casos documentados en los que transportistas han sido obligados a pagar hasta 20 mil pesos en mordidas sin haber cometido falta alguna. El sector productivo y empresarial ha alertado que esta situación provoca un impacto económico considerable en la región.
La advertencia del diputado está sustentada en datos oficiales. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2025), la policía de tránsito se ubica entre las instituciones con mayor percepción de corrupción en el Estado, registrando un 61.3 por ciento de desconfianza ciudadana.
“Este problema es estructural y transversal; afecta a múltiples municipios y representa una amenaza directa para la movilidad, la seguridad jurídica y el desarrollo económico de Nuevo León. No podemos permitir que la extorsión se normalice y siga dañando a ciudadanos, empresas y transportistas”, afirmó el legislador.
Mecanismos para el Control Vial
El exhorto presentado por el diputado José Luis Garza Garza específicamente solicita las siguientes acciones a los municipios:
Fortalecer los mecanismos de control y supervisión de sus corporaciones de tránsito.
Implementar sistemas de denuncia eficaces y accesibles para reportar actos irregulares.
Capacitar a los agentes viales en profesionalismo y prácticas adecuadas de actuación.
La iniciativa busca establecer un marco más rígido para el seguimiento de las quejas ciudadanas y aumentar la responsabilidad de los agentes de tránsito, con el fin de restaurar la legalidad y la confianza en la función policial vial.
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