Monterrey.- Al considerar que los delitos sexuales no deben quedar impunes por variables como la temporalidad, diputadas del PAN presentaron una reforma al Código Penal del Estado para que los casos de abuso infantil de índole sexual no prescriban.
Las legisladoras Itzel Castillo, Almanza, Claudia Caballero Chávez, Aile Tamez de la Paz y Myrna Grimaldo Iracheta presentaron su propuesta en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, mediante una reforma al Artículo 270 de la mencionada normativa.
Itzel Castillo explicó que en noviembre del 2023 las legisladoras de Acción Nacional presentaron una iniciativa similar que se encuentra en estudio en la Comisión de Justicia.
“Hoy vemos preocupante la situación que vimos que está sucediendo en el Estado con el abuso de menores de edad en el deporte y por eso queremos que la Comisión de Justicia vea esta situación y que se plasme que este delito no prescriba; es importantísimo que se les dé esa atención”, explicó Castillo.
“Lo que no queremos es que caduque y que esté estipulado en el Código Penal como tal lo que nos preocupa muchísimo es la situación, hemos externado lo que nos preocupa y lo que queremos es legislar y buscar y proteger a nuestros niños y niñas que hoy practican el deporte en Nuevo León”, añadió la legisladora del PAN.
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Myrna Grimaldo también señaló que buscarán impulsar un registro de los clubes deportivos y de los entrenadores ante el reciente caso de un entrenador de gimnasia del INDE, esto para proteger y reducir las posibilidades de que haya víctimas entre las infancias.
Por su parte, Claudia Caballero nombró cinco exigencias de acciones inmediatas ante el caso del entrenador de gimnasia que abusó de sus alumnas.
Estas acciones son: cese inmediato y sanciones ejemplares para el acusado y cualquier otra persona que haya participado en el encubrimiento de estos delitos.
Además, una investigación exhaustiva y auditoría de las asociaciones y gimnasios involucrados, especialmente aquellos donde se han denunciado prácticas de abuso y encubrimiento.
También, la creación de un registro estatal y nacional de agresores sexuales en el deporte, para garantizar que ninguna persona con antecedentes de abuso pueda seguir trabajando con menores de edad.
Otra exigencia es tener protocolos de seguridad obligatorios en todas las instalaciones deportivas: supervisión estricta de entrenadores, implementación de cámaras en zonas de entrenamiento, y mecanismos de denuncias efectivos.
Finalmente, fortalecimiento de Fiscalía Especializada de Delitos Sexuales y la atención a víctimas asegurando que las afectadas reciban apoyo jurídico y psicológico sin revictimización ni impunidad.