Nuevo León.- La Delegación Regional de Nuevo León cayó al último lugar nacional en reparto de medicamentos durante 2024, revelaron trabajadores inconformes con la contratación de empresas que, aseguran, incumplieron con las tareas para las que fueron contratadas.
De acuerdo con los denunciantes, los representantes de dichas empresas se coludieron con funcionarios del instituto, afectando la distribución y poniendo en riesgo la salud de pacientes con enfermedades delicadas, como cáncer o diabetes.
Documentos en poder de ABC Noticias muestran que durante todo el 2024 y al menos el inicio de este año, Nuevo León se mantuvo en el último lugar en el ranking interno del instituto, conocido como tendencia de surtimiento.
Según los trabajadores inconformes que señalaron a la empresa Comercializadora ICIT, otra involucrada sería la compañía Sierra Madre, la cual habría afectado con sus incumplimientos la distribución de medicamentos en las más de 60 unidades médicas que tiene el estado.
“Estas empresas tienen a Nuevo León en el último lugar de la distribución de medicamentos, y todo se debe a las malas prácticas que se llevan a cabo en el instituto”, señaló uno de los denunciantes, quien solicitó el anonimato para evitar represalias.
De acuerdo con las fuentes, en estas irregularidades en la distribución de medicamentos estarían involucrados funcionarios del IMSS, quienes actuarían coludidos con empresarios responsables de la logística.
Las acusaciones señalan a Jorge Rafael Castañeda Ortiz, jefe de Embarques y quien es el enlace directo del IMSS con la empresa; a Roberto Zea López, encargado de la Oficina de Suministros y quien genera los pedidos para las unidades médicas, así como Itzel Arriola Gutiérrez, titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, se encarga de administrar el contrato con ICIT y es jefa de los dos anteriores.
Los colaboradores del IMSS explicaron que el problema es la mala administración y la presunta colusión de funcionarios del IMSS, lo cual ha creado un ambiente caótico que está afectando el servicio a los derechohabientes y poniendo en riesgo su salud. Por ello, los denunciantes demandaron una intervención urgente.