Monterrey.- Diputados locales de distintas bancadas se pronunciaron en contra de que el titular de la Defensoría Pública tenga antecedentes penales, al coincidir en que es una incongruencia que alguien con ese perfil ocupe un puesto clave como ese.
El lunes pasado, el Gobierno de Nuevo León designó a Carlos Manuel Cuevas Martínez como titular del Instituto de Defensoría Pública, a pesar de contar con una orden de aprehensión en su contra por los delitos de ejercicio ilícito del servicio público y abuso de autoridad.
Al respecto, la diputada priista Armida Serrato indicó que, tras varias controversias ante la Suprema Corte, el Estado “ganó” y ahora colocó al frente de un órgano de apoyo a los ciudadanos a alguien que infringe la ley.
Asimismo, apuntó que todo parece indicar que se están eligiendo perfiles más políticos que técnicos para ocupar puestos clave.
“Ahora estamos hablando de que el titular, que ya tomó posesión de sus oficinas, tiene una orden de aprehensión. Imagínate la incongruencia, la ilegalidad y la falta de respeto a los ciudadanos que se está teniendo por parte del Estado.
“¿Cómo puedes poner en un órgano que defiende a la gente a alguien que infringe la ley? Definitivamente es algo que considero vergonzoso”, agregó Serrato.
Por su parte, Claudia Caballero, diputada del PAN, apuntó que esta designación genera sospechas y preocupa que se le pueda dar un uso faccioso a la Defensoría, por lo que dijo esperar que ese no sea el caso.
“También, como Congreso, formamos parte de la Junta de Gobierno de la Defensoría de Oficio, y nos preocupa que estén usando a funcionarios para el servicio de unos cuantos o para proteger o darle fuero a alguna persona con vínculos en el Gobierno Estatal”, declaró.
También Anylú Hernández, de Morena, agregó que esta elección da mucho qué pensar, al tratarse de un titular con conflictos ante la justicia, cuando se tiene la oportunidad de hacer las cosas sin que quepan dudas sobre la honestidad de los funcionarios.
“La Defensoría de Oficio tiene muchas áreas de oportunidad. Ojalá se pueda reconsiderar este nombramiento, porque no se puede poner a defender a las personas más vulnerables a quien tiene un asunto pendiente con la ley. No se trata solamente de tener fuero, sino de tener rectitud”, agregó.