Monterrey.- Ante el incremento de tomas clandestinas y la comercialización ilegal de agua potable en Nuevo León, la diputada independiente Rocío Montalvo presentó una iniciativa para sancionar hasta con 10 años de prisión a quienes realicen “aguachicoleo”.
Mediante una reforma al Código Penal del Estado, la propuesta de la legisladora de la bancada “Únete Pueblo” busca que se pueda tipificar estas prácticas como delito equiparable al robo, con sanciones más severas.
La propuesta también pretende atender el problema de más de 158 mil conexiones irregulares detectadas por Agua y Drenaje de Monterrey en la zona metropolitana, las cuales afectan el abasto del servicio y deterioran la infraestructura hidráulica.
Rocío Montalvo, diputada. Créditos: Especial.
Esto además de que dicha práctica ilegal puede generar incrementos en el costo del agua para los usuarios que sí cumplen con sus pagos.
“Ante las circunstancias de escasez y la crisis de 2022, el robo de agua no es una falta menor, debe ser considerado un delito que atenta contra la seguridad hídrica de todos los habitantes del estado.
“Mientras miles de familias cumplen con su pago y sufren cortes, hay redes clandestinas con tomas ilegales y pipas pirata que lucran con un recurso que es de todos. Esto debe parar ya y ser sancionado”, expresó la legisladora.
Esto mediante la creación del Artículo 365 Bis 2 en el Código Penal estatal, para sancionar la sustracción ilegal de agua de la red de distribución, la alteración de la infraestructura hidráulica para obtenerla y la realización de conexiones irregulares.
Montalvo señaló que tras la crisis hídrica de 2022 se evidenció la gravedad del problema y las consecuencias que generan estas prácticas ilegales en la vida cotidiana de la población.
La reforma contempla sanciones diferenciadas según la gravedad del delito. Se propone una pena base de 4 a 8 años de prisión por la sustracción o conexión irregular de agua. En caso de que exista lucro con la venta masiva del recurso a través de pipas o cisternas, la pena aumentaría de 6 a 10 años.
Además, si la acción provoca daños a la infraestructura que abastece a un centro de población, la sanción podría incrementarse hasta en la mitad, y si participa un servidor público, se prevé un aumento adicional de la pena, así como su destitución e inhabilitación.
La iniciativa también contempla un enfoque de justicia social, al establecer sanciones menores cuando la conducta sea cometida por primera vez y únicamente para el consumo doméstico de una familia en su vivienda con penas de seis meses a un año de prisión, privilegiando los acuerdos reparatorios y la regularización del servicio.