Monterrey.- Ante los señalamientos sobre presuntos cobros ilegales por parte de elementos de Tránsito en San Pedro, García y Santa Catarina, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León planteó la instalación de mesas de trabajo con estos municipios, con el objetivo de atender y revisar las quejas.
ABC Noticias publicó este miércoles que una presunta red de extorsión atribuida a elementos de Tránsito y Movilidad en distintos municipios del área metropolitana de Monterrey ha comenzado a quedar al descubierto tras denuncias de automovilistas, transportistas de carga y operadores de grúas, quienes acusan prácticas sistemáticas de cobro ilegal en los municipios antes mencionados.
De acuerdo con testimonios recabados, existe un patrón recurrente de retenes, operativos viales y puntos estratégicos de entrada y salida de los municipios, donde agentes presuntamente exigen dinero en efectivo o incluso transferencias bancarias a cambio de evitar multas, sanciones administrativas o el arrastre de las unidades al corralón.
Al respecto, el fiscal general del estado, Javier Flores, señaló que la Fiscalía ha propuesto establecer un diálogo directo con los municipios involucrados, así como con las empresas de arrastre, para analizar la situación y prevenir posibles irregularidades.
“Estamos a disposición de recibir las denuncias que correspondan e, inclusive, estamos proponiendo que se instale una mesa de trabajo con esos municipios y, creo, con la empresa de arrastre”, dijo Flores.
El funcionario aclaró que hasta el momento no ha verificado si existen denuncias formales relacionadas con estos presuntos cobros indebidos.
De acuerdo con la publicación realizada por este medio, en San Pedro, transportistas de tráiler y automovilistas denunciaron que elementos de Tránsito les exigen pagos al transporte pesado y a conductores particulares para “arreglar” la situación por la que son detenidos en el lugar.
Aunque el alcalde Mauricio Farah y el secretario de Seguridad Pública sampetrino, José Luis David Kuri, han negado de manera reiterada la existencia de una red de extorsión dentro de la corporación, el municipio reconoció la destitución de dos elementos por realizar este tipo de prácticas.
La problemática también se presenta en el municipio de García, donde la noche de este lunes operadores de grúas bloquearon la avenida Lincoln, en su cruce con Jardín de las Lomas, para exigir el cese de presuntos actos de corrupción por parte de elementos de Tránsito.
Según las víctimas, elementos de Movilidad instalan retenes en accesos y salidas del municipio, donde condicionan el libre tránsito al pago de estas “cuotas”.
El alcalde de García, Manuel Guerra, afirmó que en su administración existe “cero tolerancia” a la extorsión.
En Santa Catarina, habitantes denuncian que en retenes antialcohol oficiales se solicitan pagos sin que los agentes se identifiquen, utilizando vehículos no oficiales. Un ciudadano reportó haber pagado una “mordida” en un operativo en la avenida 2 de Octubre, tras la amenaza de llevar su vehículo al corralón, aunque únicamente se le detectó aliento alcohólico, sin que se le aplicara la prueba del alcoholímetro.