La disputa por el control político del Congreso de Nuevo León ha desplazado la atención de los asuntos ciudadanos hacia la conservación de espacios de poder, coincidieron especialistas políticas de Nuevo León, mientras los partidos concentran sus esfuerzos en asegurar sus posiciones.
La analista política Liliana Flores Benavides consideró que los movimientos de la oposición responden a una estrategia para conservar el liderazgo interno del Poder Legislativo, frente a los intentos del Gobierno estatal por modificar la integración de las bancadas.
"Esta jugada por parte del PRIAN es una jugada muy inteligente, conveniente para ellos, para seguir teniendo la mayoría y tener la conducción del Congreso, sus finanzas y la definición de la agenda legislativa", afirmó.
Flores Benavides explicó que el reacomodo de fuerzas parlamentarias está relacionado con las presiones del Ejecutivo estatal para conseguir una mayor influencia dentro del Congreso, mediante la incorporación de diputados a otras fracciones.
Además, descartó que el enfrentamiento tenga como origen el procedimiento de juicio político, al considerar que el verdadero fondo de la confrontación es definir quién dirigirá el Legislativo durante el periodo previo a las elecciones.
"Esto no tiene nada que ver con el asunto del juicio político. Esto tiene que ver con quién va a encabezar el Congreso en una etapa preelectoral", señaló.
Por su parte, la politóloga Gabriela de la Paz advirtió que los cambios de grupo parlamentario generan preocupación porque colocan los intereses partidistas por encima de las responsabilidades de representación que tienen los legisladores.
"Los recientes cambios de bancada en el Congreso de Nuevo León son preocupantes porque evidencian que la disputa por el control político está desplazando la responsabilidad de representar a la ciudadanía", sostuvo.
La especialista recordó que, aunque la legislación permite a los diputados cambiar de bancada, estos movimientos deben apegarse a las disposiciones legales y respetar la voluntad ciudadana expresada en las urnas.
Y subrayó que los legisladores no son propietarios de los espacios de representación pública, por lo que sus decisiones deben considerar las obligaciones adquiridas frente a quienes votaron por ellos.
"La legalidad debe estar por encima de los intereses partidistas de ellos y del gobernador", añadió De la Paz, al señalar que el cumplimiento de las normas debe prevalecer sobre las estrategias de los distintos grupos políticos.
Por último, ambas señalaron la necesidad de transparentar los cambios de bancada, garantizar el respeto al marco jurídico y reactivar los trabajos parlamentarios para evitar que la disputa por el poder continúe retrasando decisiones de interés público.