Monterrey.- La Comisión de Coordinación y Régimen Interno (Cocri) en el Congreso local rechazó la versión de que el Poder Legislativo cuente con recursos disponibles sin destino, y aseguró que la mayoría del dinero que se mantiene en sus cuentas está comprometida para cubrir pasivos laborales.
Este posicionamiento surge luego de que ABC Noticias publicara que, mientras el Poder Judicial de Nuevo León y el Congreso del Estado insisten en la necesidad de mayores recursos para operar, sus cuentas públicas 2025 reflejan disponibilidades financieras que, en conjunto, superan los 796 millones de pesos sin un destino claramente etiquetado o transparentado.
Entre los principales pasivos, la Cocri detalló, se encuentra el fondo de ahorro de los diputados, integrado de manera bipartita, así como las provisiones para el pago de aguinaldos y primas vacacionales de toda la plantilla.
Además aclaró que estos recursos son administrados por la Tesorería del Congreso y reiteró que cuentan con un destino etiquetado, por lo que no pueden considerarse disponibles para otros fines; sin embargo, no precisó el monto exacto acumulado.
Finalmente, subrayó que, conforme a la normativa, el Congreso está obligado a reintegrar a la Tesorería estatal cualquier recurso que no sea ejercido al cierre del año fiscal, lo que, dijo, descarta la existencia de excedentes discrecionales dentro del Poder Legislativo.
De acuerdo con la publicación de este medio, documentos oficiales señalan que el Congreso local mantiene un saldo disponible de 118 millones 962 mil 89 pesos. Cabe recordar que el Poder Legislativo ha argumentado restricciones presupuestales, particularmente para cubrir incrementos salariales de su personal, al señalar que no cuentan con recursos suficientes.
No obstante, al contrastar esta postura con sus propios estados financieros, se ve que los pasivos a corto plazo y cuentas por pagar no representan ni la mitad de los recursos disponibles reportados.
El Poder Judicial del Estado expuso que el recurso que tienen ya está comprometido en proyectos de infraestructura y gastos pendientes, motivo por el que no hacen uso de él.
De acuerdo con la publicación de este medio, el Poder Judicial reporta un “ahorro” o saldo disponible de 677 millones 750 mil 258 pesos, cifra que contrasta con los argumentos públicos en los que se advierten limitaciones presupuestales para justificar solicitudes de incremento.
En este contexto, el Poder Judicial solicitó recientemente un presupuesto de 4 mil 810 millones de pesos para 2026, lo que representa un aumento del 37 por ciento respecto a los 3 mil 500 millones asignados en el presente año.