Monterrey.- A un año de haberse creado la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Nuevo León, el organismo continúa sin contar con un titular oficial, mientras las denuncias por delitos contra el medio ambiente mantienen una tendencia al alza en la entidad.
Fue el 30 de abril de 2025 cuando el Pleno del Congreso local aprobó por unanimidad la creación de la nueva Fiscalía Especializada, con el objetivo de investigar y sancionar penalmente conductas relacionadas con daños ecológicos, contaminación, incendios forestales y maltrato animal.
En aquel momento, los diputados establecieron un plazo de 30 días naturales para que el fiscal general del estado, Javier Flores Saldívar, nombrara a la persona encargada de encabezar el nuevo órgano; sin embargo, hasta ahora el nombramiento definitivo no se ha concretado.
Fue hasta el 20 de junio de 2025 cuando la Fiscalía General informó sobre la designación de Mónica Lizett Reyes Garza como fiscal ambiental interina.
La funcionaria se desempeñaba previamente como directora jurídica y de investigación de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres.
Pese a ello, la Fiscalía Ambiental continúa operando únicamente con una encargada interina y, hasta la fecha, no existe un fiscal especializado oficialmente nombrado para dirigir el área.
La ausencia de un titular ocurre en medio de un incremento sostenido en las denuncias relacionadas con delitos ambientales en Nuevo León, como la contaminación del aire, incendios en terrenos y sierras, tiraderos clandestinos, afectaciones a áreas naturales y daños derivados de actividades industriales y urbanas.
De acuerdo con cifras de incidencia delictiva de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, durante el primer cuatrimestre de 2026 se iniciaron 170 carpetas de investigación por delitos contra el medio ambiente, lo que representa un aumento del 43 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se registraron 119 querellas.
Durante los primeros cuatro meses de 2024 apenas se habían registrado 20 denuncias ambientales, mientras que en 2023 fueron 22 casos y en 2022 únicamente siete querellas.
Los datos reflejan cómo las denuncias ambientales pasaron, en apenas unos años, de cifras mínimas a superar las 170 carpetas de investigación solamente entre enero y abril del presente año.
Aunque la dependencia ya se encuentra en funcionamiento, la falta de un fiscal especializado definitivo continúa generando cuestionamientos, especialmente ante el aumento de denuncias y la creciente presión pública por atender los problemas ambientales que enfrenta Nuevo León.
Mientras tanto, el fiscal general Javier Flores Saldívar ha sostenido que, por ahora, la Fiscalía Ambiental opera bajo la figura de una fiscal interina, sin que hasta el momento exista una fecha oficial para concretar el nombramiento permanente.