Monterrey.- La implementación de las reformas laborales —que contemplan la reducción de la jornada semanal y la incorporación obligatoria a la seguridad social para trabajadores de plataformas digitales— podría traducirse en un aumento en los precios al consumidor y en presiones inflacionarias, de acuerdo con especialistas del sector contable.
Expertos advierten que el incremento en los costos de producción y las nuevas cargas fiscales difícilmente serán absorbidos por las empresas o las aplicaciones, por lo que terminarían trasladándose al usuario final.
En entrevista para ABC Noticias, el presidente del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, Roberto Cavazos, explicó que la transición hacia la jornada de 40 horas —que iniciará de forma gradual a partir del 1 de enero de 2027— implicará ajustes relevantes en la operación de las empresas, especialmente en el sector industrial.
Señaló que esta modificación deriva de cambios al artículo 123 constitucional, publicados recientemente.
Al reducirse las horas laborales sin afectar el salario, las empresas tendrán que reorganizar turnos y, en muchos casos, contratar más personal, lo que elevará el gasto en nómina y, con ello, el pago de cuotas al IMSS, Infonavit y otras contribuciones.
Este incremento en los costos laborales impacta directamente en el costo de producción —integrado por materia prima, mano de obra y gastos indirectos—, lo que, a su vez, presiona los precios al alza.
“Al incrementar el costo de producción, se genera un aumento en los precios y eso puede derivar en una escalada inflacionaria. Cada vez que sube alguno de los factores del costo, suben también los productos”, explicó.
En el caso de plataformas digitales como Uber, DiDi o Rappi, la obligación de registrar a conductores y repartidores ante la seguridad social representará un aumento considerable en sus costos operativos.
“En el momento en que se obligue a Uber a registrar a todos sus choferes ante la seguridad social, sus costos aumentarían entre un 35% y 40%. Tendrán que definir un salario base para pagar Seguro Social, Afore, Infonavit e impuestos, y finalmente ese gasto se trasladará a la tarifa, por lo que terminará pagándolo el usuario”, señaló.
Ante esto, especialistas recomiendan a las empresas utilizar 2026 como un periodo de preparación para ajustar sus sistemas administrativos, nóminas y esquemas operativos.
Si bien la reforma busca mejorar las condiciones laborales y ampliar la cobertura social, advierten que su implementación deberá ser gradual y bien planificada para evitar impactos mayores en el poder adquisitivo de la población.