Monterrey.- Nuevo León se convirtió en un referente nacional en el combate al robo de vehículos arrendados, luego de que entrara en vigor la reforma que tipifica como robo equiparado la no devolución de unidades obtenidas mediante contratos de arrendamiento y que posteriormente son comercializadas o desmanteladas de manera ilegal.
La iniciativa, impulsada por el diputado local de Movimiento Ciudadano, José Luis Garza, ya fue publicada en el Periódico Oficial del Estado, con lo que la modificación al marco legal es oficialmente vigente.
Durante la presentación de la reforma, el legislador destacó que la propuesta surgió tras reuniones de trabajo con la Asociación Mexicana de Arrendadoras de Vehículos (AMAVe), en las que se detectó un vacío legal que era aprovechado por personas que obtenían vehículos mediante arrendamiento, incumplían con su devolución y posteriormente los desmantelaban para vender sus autopartes o los comercializaban con documentación falsificada.
Garza explicó que esta práctica no solo ocasionaba pérdidas millonarias a las empresas dedicadas al arrendamiento de vehículos, sino que también afectaba directamente a ciudadanos que adquirían automóviles o autopartes sin conocer su origen ilícito.
"Los vehículos robados son vendidos al público con papeles alterados, provocando que personas de buena fe inviertan sus ahorros o incluso créditos para comprar unidades que en realidad fueron obtenidas de manera ilegal", señaló.
El diputado afirmó que la nueva legislación busca cerrar ese vacío jurídico y fortalecer la protección del patrimonio tanto de las empresas como de los consumidores, además de brindar mayores herramientas a las autoridades para perseguir este tipo de delitos.
Por su parte, el presidente de la AMAVe, Fernando Noriega, reconoció el trabajo realizado por el Congreso local y aseguró que la aprobación de esta reforma coloca a Nuevo León como un ejemplo para el resto del país en materia de protección patrimonial.
El dirigente hizo un llamado a los congresos estatales para replicar el modelo implementado en la entidad y construir marcos legales que impidan que el arrendamiento de vehículos sea utilizado como mecanismo para cometer ilícitos.
En representación de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Michael Gustavo Núñez Torres, director general de Derechos Humanos y Análisis Normativo de la Vicefiscalía Jurídica, destacó que esta reforma es resultado del trabajo coordinado entre el Poder Legislativo, las autoridades y la iniciativa privada.
El funcionario subrayó que las mejores leyes son aquellas que nacen del diálogo, el consenso y la colaboración institucional, pues permiten atender problemas reales que afectan a la ciudadanía y fortalecen la confianza en las instituciones encargadas de procurar justicia.