Monterrey.- La diputada emecista Sandra Pámanes aseguró que antes del 20 de diciembre deben estar las transferencias del INFONL a la Contraloría del Estado, después de la designación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Esta transición es una obligación derivada de la reforma federal de 2024 que exige armonizar las leyes locales para homologar la estructura de transparencia en todo el país.
En entrevista para ABC Radio, Pámanes reveló que la SCJN ya estableció este plazo límite ante la omisión del Congreso local para realizar los cambios constitucionales necesarios. Y señaló que el estancamiento en la Comisión de Puntos Constitucionales responde a un “estira y afloja” entre las diferentes bancadas que integran el Poder Legislativo, lo que ha retrasado la homologación obligatoria.
“Ya que nos diga la Suprema Corte que estamos en desacato en el cumplimiento de una ley, debería de estar a nosotros como diputados, pues mantenernos en una situación de cumplimiento al 100 por ciento”, dijo la legisladora emecista.
La diputada explicó que el retraso en la aprobación se debe a que la comisión encargada, presidida por Morena, y los integrantes del PRI y PAN han estado regateando la votación de esta reforma.
La transición debe completarse antes del 20 de diciembre para evitar que se asigne presupuesto a un instituto que ya no tendrá funciones ni facultades legales, tal como sucedió en el presupuesto del año anterior.
Pámanes advirtió que el desacato a la orden de la Corte pondría a los diputados en una situación de irregularidad jurídica frente a un mandato nacional que ya ha sido acatado por la mayoría de los estados del país.
Como una alternativa para fortalecer el acceso a la información tras la eliminación del organismo, se propone la creación de un Consejo Ciudadano integrado por la academia y el sector empresarial.
“Podríamos incluso trabajar a nivel local en una nueva ley de acceso a la información en la que pudiéramos sí darle espacio a personas que tengan un criterio de manera autónoma”.
Este nuevo modelo buscaría integrar a instituciones como la UANL, el Tecnológico de Monterrey y la UDEM, además de cámaras como Coparmex, para garantizar que la entrega de datos públicos no tenga limitaciones políticas.
El reto principal será asegurar que este mecanismo funcione de manera transparente y accesible para cualquier ciudadano, evitando el uso partidista que, según la legisladora, afectó el desempeño del INFONL en el pasado.