Monterrey.- La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León desmintió parte de las declaraciones realizadas por representantes de los afectados por el presunto fraude inmobiliario de Proyectos 9.
Tras reunirse la semana pasada con los afectados, el fiscal Javier Flores aclaró que la investigación no se concentra en dos empresarios o personas en particular, como señalaron públicamente representantes de las víctimas.
Según el fiscal, las indagatorias buscan establecer el destino de los recursos y determinar las posibles responsabilidades relacionadas con los movimientos financieros.
“La declaración que dio la jefa del grupo, la licenciada Liliana, no es lo que se habló precisamente en esa junta. Ellos tienen derecho a saber el estado actual de las carpetas y las labores de investigación que se realizan.
“No son todas correctas las labores, como lo menciona ella, pero sí es información sensible que debemos conservar nosotros en secrecía”, respondió el fiscal.
La aclaración surgió luego de que Liliana Leal, representante de un grupo de afectados, asegurara que durante la reunión con el fiscal se les informó que se estaba siguiendo la ruta del dinero y que había factureros, políticos y empresas involucradas.
Incluso, la representante mencionó públicamente a Héctor Lozano Sepúlveda y Aurelio Compeán, a quienes señaló como presuntos integrantes de lo que calificó como un “cártel inmobiliario”.
“Lo que se comentó en esa ocasión es que se está investigando la ruta del dinero. No tiene nombre de personas en particular. Se está viendo cómo ingresaron los recursos a la empresa y de ahí a dónde se disiparon. Nada tiene que ver con personas en particular”, agregó Flores Saldívar.
Los afectados sostienen que invirtieron millones de pesos en departamentos de desarrollos promovidos por Proyectos 9 que, pese a la existencia de contratos, no fueron entregados.
Entre los proyectos señalados se encuentran LaLo, LoLa, Sohl y distintos complejos de la marca Moca, principalmente en Monterrey y San Pedro.