Monterrey.- La pedrera Matrimar, ubicada en Cerralvo, denunció públicamente presuntos actos de acoso institucional por parte del Gobierno de Nuevo León y la Secretaría de Medio Ambiente.
La empresa señaló que inspectores de la dependencia realizaron una inspección que calificó como “desproporcionada” y que se prolongó durante 21 horas.
De acuerdo con un comunicado de la compañía, en la inspección participaron 15 trabajadores gubernamentales y un notario.
Matrimar también señaló que en las últimas semanas se han abierto diversas auditorías que, según su postura, no tendrían como único objetivo verificar el cumplimiento de sus procesos.
La empresa relacionó estas acciones con su negativa, según afirma, a ceder ante presuntas extorsiones estatales.
“Es la última evidencia de que estas visitas no buscan verificar el cumplimiento de la ley, sino amedrentar a quienes denunciamos conductas ilegales”, sostuvo Matrimar en su comunicado.
El señalamiento ocurre después de una polémica registrada a principios de año, cuando la empresa acusó a Baltazar Martínez, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano y diputado local, de haberle exigido un pago de 50 millones de pesos para detener el presunto acoso de la administración de Samuel García, que habría incluido clausuras a la planta.
La empresa también vinculó sus señalamientos con el programa “Cero Clausuras”. Según Matrimar, el esquema del actual gobierno estatal implicaría un “trato preferencial” para empresas que aporten dinero al Estado, interpretación que la compañía considera un cobro de piso institucional.
Niega Baltazar Martínez extorsión a pedrera en Cerralvo
El pasado mes de febrero el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Baltazar Martínez, aseguró que su participación en el conflicto entre la pedrera Materiales Triturados Martínez (Matrimar), ubicada en el municipio de Cerralvo, y el Gobierno de Nuevo León, se limitó a fungir como intermediario para facilitar el diálogo entre ambas partes, rechazando haber condicionado la operación de la empresa a cambio de un pago millonario.
Por medio de un video difundido en sus redes sociales, el también diputado local sostuvo que fue buscado por representantes de la compañía ante las dificultades que enfrentaban con autoridades estatales, por lo que únicamente ayudó a establecer comunicación. Señaló que su intención fue propiciar un acercamiento institucional sin intervenir en decisiones administrativas.
“La empresa en su momento me buscó para tener algún acercamiento sobre esta problemática que estaban teniendo con el Gobierno del estado y lo único que hice fue abrir ese canal de comunicación, fungir como intermediario, ver la manera de que ellos se pusieran de acuerdo y transitaran el tema”, expresó.
Martínez también subrayó que, por su cargo, no tiene facultades ejecutivas para incidir en resoluciones estatales o municipales, y que su vínculo con el Municipio obedece a que es originario de esa región. Indicó que su papel no fue el de autoridad decisora, sino el de gestor político.
“Quiero aclarar que soy diputado local y dirigente de un partido, es decir, yo no tengo injerencia ni en el Estado, ni en un municipio, ni en la Federación. Sin embargo, colaboré porque soy de Cerralvo”, afirmó.
La polémica surgió tras la difusión de una grabación fechada el 27 de noviembre de 2025, en la que presuntamente se hace referencia a la solicitud de un pago de hasta 50 millones de pesos para que la empresa pudiera continuar operando.