Monterrey.- Invasión de viviendas, engaños para obtener el control de los inmuebles, amenazas, abuso de confianza y retención de escrituras y documentos son las principales formas en que adultos mayores son despojados de su patrimonio en Nuevo León.
Entre enero del 2025 y agosto del 2026, Nuevo León acumuló 2 mil 94 casos de despojo de inmuebles, una cifra que representa un promedio de 105 casos por mes durante este periodo en el estado.
De acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León correspondientes al Semáforo Delictivo de 2025, los municipios que concentraron el mayor número de casos de despojo fueron Monterrey, Guadalupe y Juárez.
De enero a agosto de 2026, el delito de despojo de inmuebles registró 707 casos, equivalente a casi tres casos por día, de los cuales mayo concentró 112 denuncias, seguido de enero, con 107; julio, con 99; marzo y abril, con 90 cada uno; junio, con 86; agosto, con 77, y febrero, con 46.
Sin embargo, la información disponible no permite determinar con precisión cuántos de los casos fueron cometidos por familiares de las víctimas, como hijos, nietos, parejas u otros parientes, ni establecer cuántos estuvieron relacionados con enfermedades, discapacidades o algún deterioro cognitivo de los adultos mayores.
De acuerdo con el Instituto de las Personas Adultas Mayores en Nuevo León, el 57 por ciento de los casos de despojo de inmuebles contra personas adultas mayores en Nuevo León son cometidos por personas que ni siquiera conocen a las víctimas.
Este delito representa además el 64 por ciento de las afectaciones patrimoniales que sufren las personas adultas mayores. “Por lo general son personas a quienes no conocen, al menos en el 57 por ciento de los casos.
Son personas desconocidas que llegan a querer engañar, rentar o utilizar el inmueble y terminan despojándolos de ellos”, afirmó al respecto la diputada local Anylú Bendición Hernández.
Es un problema nacional
Lo que ocurre en Nuevo León también se ha registrado en otras entidades del país, donde las autoridades han documentado casos de invasión de viviendas y terrenos, falsificación de escrituras, suplantación de identidad y engaños para tomar el control de propiedades.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el primer semestre de 2026 se contabilizaron 15 mil 311 víctimas de despojo en las 32 entidades federativas, es decir, casi 85 casos diarios. Guanajuato, Estado de México y Nuevo León figuran entre los estados con más reportes de este delito.
En algunas entidades, las investigaciones han llevado a detectar posibles redes que utilizan documentos falsos, ocupaciones ilegales y engaños para apoderarse de inmuebles. En el Estado de México, por ejemplo, las autoridades han desplegado operativos para asegurar propiedades y devolverlas a quienes acrediten su legítima titularidad.
A nivel nacional, además, el delito enfrenta un elevado nivel de impunidad, ya que México Evalúa estimó en su estudio Hallazgos 2023 que 96.36 por ciento de los casos de despojo permanecieron impunes durante ese año, lo que refleja las dificultades que enfrentan las víctimas para llevar estos casos hasta una resolución.
Ante este panorama, especialistas han planteado elevar las sanciones para que el despojo tenga penas de hasta 30 años de prisión, principalmente cuando se cometa con violencia, mediante documentos falsos o contra personas en situación de vulnerabilidad, como los adultos mayores.
Especialistas y autoridades señalaron la importancia de que las personas adultas mayores cuenten con acompañamiento legal y mecanismos que les permitan proteger sus propiedades antes de que el despojo se concrete.
En los casos donde exista sospecha de engaño, presión o intento de apropiación de un inmueble, se recomienda buscar asesoría jurídica y evitar entregar escrituras, documentos o firmar acuerdos sin conocer plenamente sus implicaciones.