Monterrey.- El Instituto Estatal de las Mujeres y diputados locales de Movimiento Ciudadano pidieron al Congreso de Nuevo León modificar la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con el fin de dar respaldo legal a las Unidades de Igualdad de Género y ampliar su presencia en las instituciones públicas.
La propuesta fue presentada por la presidenta ejecutiva del IEMujeres, Patricia Salazar Marroquín, quien acudió al Poder Legislativo acompañada por integrantes del Consejo del organismo y activistas.
Salazar explicó que actualmente existen 100 Unidades de Igualdad de Género en Nuevo León, distribuidas en 30 municipios, 60 dependencias de la administración pública estatal y 10 instituciones del ámbito educativo.
Sin embargo, señaló que la figura todavía no está presente en todas las dependencias y municipios, por lo que planteó establecer su existencia y funcionamiento dentro de la legislación estatal.
La funcionaria sostuvo que contar con un marco jurídico permitiría dar continuidad al trabajo que realizan estas unidades y evitar que su operación dependa únicamente de decisiones administrativas de cada gobierno.
“Es importante decirlo: estamos trabajando fuertemente en todas las unidades de igualdad; sin embargo, esto era urgente, tener un marco jurídico que respaldara el actuar de las Unidades de Igualdad de Género”, expresó Salazar.
La iniciativa contempla agregar un nuevo capítulo a la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado, en el que se establecerían reglas para la creación, integración y funcionamiento de estas unidades.
También se definirían sus atribuciones, programas de trabajo, capacitación, coordinación con otras áreas y mecanismos para dar seguimiento a sus resultados.
El planteamiento busca que la perspectiva de género sea incorporada en la elaboración de políticas públicas, programas, presupuestos y acciones de las instituciones.
La propuesta también contempla que los Poderes Legislativo y Judicial, organismos autónomos y los 51 municipios establezcan o adecuen mecanismos de igualdad, de acuerdo con sus atribuciones, autonomía y disponibilidad presupuestaria.
El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso local, Baltazar Martínez Ríos, manifestó el respaldo de la bancada a la propuesta y planteó ampliar la obligación de contar con estas unidades a todos los órdenes de gobierno.
“Por parte de Movimiento Ciudadano siempre estaremos a favor de cualquier situación o acción que ayude a fortalecer la participación de las mujeres en el servicio público y, por supuesto, en la política, por el bien de la sociedad de Nuevo León”, señaló.
La diputada Sandra Pámanes señaló que uno de los objetivos será llevar estas estructuras a los 51 municipios y a los tres poderes del Estado.
La legisladora sostuvo que establecerlas en la ley permitiría que las políticas de igualdad tengan continuidad y no dependan de la decisión de las administraciones en turno.
“La igualdad sustantiva tiene que quedar plasmada en nuestro marco legal para que pueda trascender la voluntad de los gobiernos en turno. Desde el Congreso estamos abiertos a construir acuerdos con todos los grupos legislativos y lograr que esta reforma pueda salir por unanimidad”, enfatizó.
De acuerdo con el IEMujeres, ya se trabaja para instalar unidades en los 21 municipios que todavía no cuentan con ellas, además de ampliar su presencia en otras dependencias.
La propuesta busca que estas áreas participen en la prevención de prácticas discriminatorias y en la elaboración de políticas públicas que consideren las necesidades diferenciadas de mujeres y hombres.
El Instituto también tendría entre sus funciones brindar capacitación, asesoría y asistencia técnica a las unidades, así como dar seguimiento a los avances.
Con la reforma, el organismo pretende que las Unidades de Igualdad de Género tengan una base legal permanente y que la perspectiva de género forme parte de manera sistemática de las decisiones de las instituciones públicas de Nuevo León.
Estas son instancias encargadas de promover la participación activa de las mujeres e impulsar acciones para garantizar su protección y el respeto de sus derechos.