Monterrey.- El agua del subsuelo que sostiene a Monterrey, y que evitó que el abasto colapsara durante la sequía de 2022, sale en su mayor parte de acuíferos que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ya reconoce sin disponibilidad o en condición de sobreexplotación. Es la conclusión que arrojan los propios registros de la dependencia, cruzados para esta investigación.
De los 23 acuíferos de Nuevo León, 13 operan con disponibilidad negativa, según el Acuerdo de disponibilidad que la Conagua publicó el 9 de noviembre de 2023, la medición oficial vigente. En ellos, lo ya concesionado, más lo que la ley aparta para sostener ríos y manantiales, iguala o supera lo que la lluvia repone cada año.
No queda agua para una sola concesión más, y en conjunto arrastran un déficit de 381 millones de metros cúbicos anuales. Dos de esos acuíferos, Campo Mina y Campo Buenos Aires, son fuente directa del abasto de la ciudad, y están entre los cuatro que la Conagua clasifica oficialmente como sobreexplotados en el estado.
De acuerdo con el estudio de disponibilidad del acuífero Área Metropolitana de Monterrey, que la dependencia actualizó en 2024, la zona metropolitana utiliza 169 millones de metros cúbicos de agua subterránea al año para agua potable. Solo 28 millones salen del acuífero que subyace a la ciudad.
Los otros 141, más del 80 por ciento, se traen de Campo Mina, Campo Buenos Aires y los túneles del Cañón del Huajuco. La urbe bebe a diario de pozos que se vacían a un ritmo superior al que la lluvia puede reponer.
La ciudad importa esa agua porque la de su propio acuífero no es apta para beber. El manto que subyace a la mancha urbana, clave 1906, recibe una recarga de 143.7 millones de metros cúbicos al año, registra una extracción de 110.3 y opera en déficit de 12.4 millones.
Su agua es salobre, con hasta 7,300 miligramos de sólidos disueltos por litro, siete veces el límite que la norma oficial NOM-127-SSA1 permite para consumo humano. Está vedado desde 1951, y en él el 54 por ciento del volumen concesionado es de uso industrial y el 0.1 por ciento doméstico, según el estudio técnico de la Conagua.
Sobreexplotado, en el lenguaje técnico de la dependencia, significa que el bombeo real vacía el acuífero más rápido de lo que la lluvia lo repone, y que sus niveles descienden de forma sostenida.
Cuatro acuíferos de Nuevo León están en esa lista oficial: Campo Cerritos, Campo Mina, Campo Buenos Aires y Agualeguas-Ramones. Dos de ellos son fuente del abasto de Monterrey.
En varios de esos acuíferos la extracción de líquido registrada rebasa con amplitud la recarga. A Sabinas-Parás la Conagua le atribuye una extracción de 102 millones de metros cúbicos al año frente a una recarga de 46, más del doble. En NavidadPotosí-Raíces, en Galeana, 158 contra 89. En Citrícola Sur, 117 contra 75. La diferencia con una sequía es de fondo. Cuando llueve, una presa vuelve a llenarse.
El agua que se saca de más de un acuífero proviene de una reserva acumulada durante siglos que no se recupera en el plazo de una vida.
Perforar más hondo
A la sobreexplotación se suma la pérdida del suelo que recarga los acuíferos. El estudio “Evaluación de los Sistemas de Agua Subterránea en la Región Metropolitana de Monterrey y sus Zonas Prioritarias de Recarga”, del Foro Permanente de Aguas Binacionales con el Tecnológico de Monterrey y la Universidad Texas A&M, de 2023, documentó que en 23 años la zona metropolitana perdió el 20 por ciento de sus áreas de recarga de alta capacidad, cubiertas por la mancha urbana sobre 1,050 kilómetros cuadrados de suelo que antes filtraba el agua de lluvia. Entra menos, y se saca más. La respuesta ha sido perforar a mayor profundidad.
Tras la crisis de 2022, cuando las presas cayeron a niveles mínimos y el suministro se restringió a unas horas por día, Agua y Drenaje recurrió a perforar pozos de entre 700 y 2,000 metros, a un costo de entre 18 y 30 millones de pesos cada uno, según declaró su entonces director, Juan Ignacio Barragán.
Esos pozos alcanzan agua más profunda, pero no reponen la reserva. La cuenta la reconoce la propia norma de la Conagua: mientras la extracción supere a la recarga, el nivel baja, el bombeo se encarece y el terreno se hunde. Cada año en que la extracción supera a la recarga, el respaldo subterráneo que evitó el colapso del abasto en 2022 se reduce frente a la próxima sequía.
Agua que no se repone
Buena parte de esa agua profunda no se recarga en términos humanos. La tesis de maestría de Yasmín Ramírez Pichardo, “Gestión del agua y sostenibilidad de los acuíferos en el área metropolitana de Monterrey, Nuevo León”, presentada en El Colegio de la Frontera Norte en 2024, documenta que el acuífero Campo Mina, uno de los que surten a Monterrey y ya sobreexplotado, se alimenta de un flujo regional de agua fósil, agua de miles de años que no proviene del ciclo de lluvia anual.
Extraerla equivale a vaciar una reserva que no vuelve a llenarse. La sobreexplotación no solo baja el nivel, también degrada la calidad.
Un estudio de investigadores del Tecnológico de Monterrey, encabezados por Abrahan Mora y Jürgen Mahlknecht, publicado en la revista Environmental Monitoring and Assessment en 2017, muestreó 22 pozos que abastecen a la ciudad y encontró que los del norte, en la zona de Topo Chico, arrojan agua con nitratos, sulfatos y sólidos disueltos por encima de los límites de la norma, y recomienda no consumirla sin tratamiento previo. Es la señal de que el deterioro de la calidad ya empezó en parte de la red de pozos.
La advertencia del 2011
Nada de esto tomó por sorpresa a la Conagua. En 2011 publicó en el Diario Oficial los estudios técnicos de los ocho acuíferos que rodean a Monterrey y concluyó, con sus propias palabras, que las vedas de 1951, 1956 y 1958 resultaban insuficientes, porque se trazaron por zonas y dejaron huecos sin proteger dentro de cada acuífero.
En el de la ciudad, casi el 30 por ciento de los usuarios registrados extraían agua en zona no vedada. La dependencia recomendó, con nombre y clave, emitir vedas nuevas que cerraran por completo cinco acuíferos, entre ellos el de Monterrey, Campo Mina y Campo Buenos Aires.
Catorce años después, esas vedas no existen. En lugar de la protección definitiva, la Conagua publicó en 2013 una suspensión provisional del libre alumbramiento, un instrumento que su propio texto define como vigente solo hasta en tanto se expida el ordenamiento definitivo.
La tabla oficial de ordenamientos del subsuelo de la propia dependencia lo confirma: a la fecha, los acuíferos de Monterrey siguen regidos por las vedas de hace más de seis décadas y por ese parche. No hay un solo ordenamiento definitivo para ninguno de ellos.
A acuíferos de Coahuila la Conagua sí les decretó zona reglamentada en 2013, y a San Luis Potosí una veda definitiva en 2018. A los de Monterrey, no. Mientras el ordenamiento no llegaba, el registro siguió creciendo sobre los acuíferos ya vedados.
Sobre Navidad-Potosí-Raíces y Citrícola Sur, cerrados desde 1978, se inscribieron 269 concesiones nuevas entre 2015 y el corte más reciente del Registro Público de Derechos de Agua, de 2026, por 55.8 millones de metros cúbicos al año, con 128 de ellas concentradas en 2019 y 2020.
La versión de la autoridad
Consultado para este trabajo, el director regional del Organismo de Cuenca Río Bravo de la Conagua, Luis Carlos Alatorre Cejudo, confirmó la condición de los acuíferos y sostuvo que hoy la dependencia no otorga nuevos permisos.
“Al día de hoy la Comisión Nacional del Agua no da ningún permiso en ningún acuífero que esté sobreexplotado o que esté en veda”, afirmó.
Reconoció que bajo el término administrativo esos acuíferos sí están sobreexplotados, y dijo que la Comisión realiza una revisión exhaustiva de todos los títulos de concesión para recuperar volúmenes que ya no se usan y buscar el equilibrio de los mantos.
El funcionario precisó que en los acuíferos de la zona metropolitana no se autorizan permisos nuevos y que, al contrario, la dependencia busca recuperar volúmenes de derechos existentes. Su declaración, sin embargo, contrasta con el propio registro federal: las 269 concesiones sobre los acuíferos vedados de Galeana se inscribieron entre 2015 y 2026, de acuerdo con el REPDA.
Alatorre no precisó cuántos de esos títulos son anteriores a la revisión en curso ni cuántos corresponden a regularizaciones de pozos previos. El director regional admitió, además, el punto de fondo de esta investigación: que las medidas de protección que la Conagua identificó desde 2011 para varios acuíferos del estado no se han concretado de manera definitiva.