Cuatro días después de su partida como gobernador de Morelos, el panista Marco Adame Castillo, solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública la asignación de un grupo especial de custodia personal de entre 8 a 12 elementos con cuatro camionetas blindadas, cuyo costo unitario es de 500 mil y 800 mil pesos más el mantenimiento.
La secretaria de Seguridad Pública (SSP), Alicia Vázquez Luna, dijo que el ex gobernador contaba con una escolta de ocho elementos pero fueron regresados a sus funciones por ""la escasez de recursos"", agregó.
Vázquez Luna recordó que en septiembre el Congreso local emitió un acuerdo para brindar seguridad al gobernador saliente, los secretarios de Gobierno, seguridad pública y el fiscal morelense.
La funcionaria expresó que el argumento que usó el ex gobernador ante el Legislativo fue que todos los que se hayan dedicado al combate al crimen organizado deben estar custodiados por elementos de seguridad.
La titular de la SSP dijo que el asunto ya fue planteado con el gobernador Graco Ramírez quien le respondió que una vez que llegue el exhorto del Congreso del estado tomará la medida adecuada.
Por su parte, los diputados del Congreso local aprobaron la noche del miércoles un punto de acuerdo mediante el cual exhortan al gobernador del estado a revocar el Acuerdo del 28 de septiembre, a través del cual se expiden lineamientos para otorgar protección a ex funcionarios que se desempeñaron en áreas de seguridad pública y procuración de justicia.
Los legisladores consideraron que no hay fundamento legal ni en la Ley del Sistema de Seguridad Pública ni en la Ley Orgánica de la Administración Pública vigente cuando se publicó.
A su vez la secretaria de Seguridad Pública, Alicia Vázquez, dijo que los escoltas y vehículos solicitados por el ex mandatario morelense equivalen a un gasto de 300 mil pesos mensuales, en tanto que el salario de un policía es de 7 mil 400 pesos.
""El ex gobernador Marco Adame es el único que está solicitando estos requerimientos y me parece incomprensible porque al terminar su mandato dejó al estado con una incidencia delictiva muy alta, sobre todo en delitos de alto impacto como el secuestro, homicidio doloso, robo de vehículo.
""Esto significa que su estrategia contra el crimen no fue eficiente y hoy nos esta pidiendo seguridad cuando el secretario de Seguridad saliente, quien podría ser uno de los beneficiados, se retiró con dignidad y no pidió nada"", expuso Vázquez Luna.