Por el hecho de ser migrantes millones de personas son víctimas de discriminación, xenofobia y diversas violaciones a sus derechos humanos, por lo que los expertos más reconocidos en la materia firmaron una declaración conjunta en la que demandan a los países el cese de la criminalización de este sector, así como la eliminación gradual de su detención administrativa, al tiempo de reconocer sus garantías sin importar su origen y estatus migratorio.
En el Día Internacional del Migrante esta declaración fue firmada por François Crépeau, Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Abdelhamid El Jamri, Presidente del Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW) del organismo.
Bajo el título: ""Los migrantes merecen pleno reconocimiento como sujetos de derecho"", el documento también lo signó Felipe González, Relator sobre los Derechos de los Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA); y Maya Sahli Fadel, Relatora Especial sobre los Refugiados, los Solicitantes de Asilo, los Desplazados Internos y los Migrantes de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP) de la Unión Africana (UA).
La declaración fechada en Ginebra, Banjul y Washington, indica que en este día los expertos unen sus voces ""para reconocer las invaluables contribuciones que a diario hacen millones de migrantes en todo el mundo para crear mejores condiciones de vida para todos. A pesar de participar en nuestras sociedades, el otro lado de la historia es que por el simple hecho de ser migrantes, millones de personas son víctimas de discriminación, xenofobia y diversas violaciones a sus derechos humanos"".
Por ello, recordaron en esta conmemoración que los Estados deben reconocer a los migrantes como sujetos de derechos humanos ya que éstos no derivan del origen nacional o de la situación migratoria de las personas.
Los especialistas reiteraron su preocupación ""por la tendencia de algunos Estados a criminalizar la migración irregular"", a través de medidas como la promulgación de leyes que penalizan a los migrantes en situación migratoria irregular y a las personas que les asisten; por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza durante operativos de control migratorio y la detención de migrantes en situación migratoria irregular.
Señalan que ""esta situación es aún más preocupante porque la detención a menudo también se aplica a niños, niñas y adolescentes"" y también se registran deportaciones sin apego a las garantías del debido proceso; medidas violatorias de garantías que además no han demostrado ser eficaces para disuadir la migración irregular.
Los expertos también señalaron que ""cruzar una frontera sin la documentación requerida o permanecer más allá del tiempo que autoriza un visado no es per se un crimen, sino a lo sumo, una infracción administrativa"", por lo que hicieron un llamado a los Estados a abolir gradualmente la detención administrativa de los migrantes y establecer medidas alternativas a la detención, cuya aplicación esté basada en un enfoque de derechos humanos.
También hicieron un llamado a los Estados a ratificar la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, así como otros tratados internacionales y regionales de derechos humanos.
""En paralelo a la ratificación de estos instrumentos, los Estados deben garantizar que sus políticas, leyes y prácticas en materia migratoria estén conforme con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos"", destacaron.