Ciudad de México.- Tras reconocer que la presencia de ""Ingrid"" y ""Manuel"" rebasaron la capacidad de respuesta de las autoridades y que la magnitud de la tragedia fue mayor asentamientos irregulares en Guerrero y otras regiones, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que no habrá impunidad para los funcionarios que por la vía de la corrupción entregaron licencias de construcción en zonas de alto riesgo.
""Hay una instrucción del Presidente de la República para que se investigue si hay responsables en las autorizaciones para la construcción de viviendas y lo estamos haciendo junto con el gobernador de Guerrero. Por supuesto que hubo acciones al margen de la ley y manipulación de los permisos, pero vamos a llegar a hasta sus últimas consecuencias"".
Al comparecer ante diputados, en el marco de la glosa del informe presidencial, el funcionario reiteró que en el momento en que el Centro Nacional de Huracanes de Miami les informó de la presencia de los fenómenos naturales, se alertó a los gobernadores para que instalaran los Consejos Estatales de Protección Civil a fin de salvaguardar a la población.
Osorio Chong dijo que la SEGOB está trabajando con los gobiernos estatales y municipales para elaborar un Atlas integral de riesgo y reforzar los protocolos de Protección Civil para evitar desgracias como las ocurridas en semanas anteriores; también se capacitará permanentemente al personal encargado de brindar ayuda a la población.
En otro orden, comentó que la migración es un tema de seguridad nacional, un problema muy grave, pero la Federación coordina acciones para combatir a las bandas delictivas que aprovechan el tránsito ilegal de centroamericanos y sudamericanos para cometer crímenes, secuestros, robos y trata de personas. Aceptó que por actos de corrupción, de enero a la fecha, han sido despedidos y consignados más de 500 trabajadores del Instituto Nacional de Migración.
En materia de Seguridad Pública, Osorio Chong dijo que la Gendarmería nacional y la Policía Federal coadyuvarán con los gobiernos estatales y municipales que tienen poca posibilidad de respuesta ante el crimen organizado.