Un informe de las Naciones Unidas publicado el día de ayer ante el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, ha pedido al Gobierno mexicano revisar el marco legal relativo a la minería con el fin de que esta actividad respete los derechos de los pueblos indígenas y evite conflictos sociales.
Las Naciones Unidas destacan que México es uno de los países en América Latina que ha logrado avances legislativos e institucionales en materia de derechos de los pueblos indígenas, pero tiene grandes carencias en la aplicación de las leyes.
""La intensidad de los conflictos y su creciente número, así como la criminalización de las protestas de los que se sienten afectados, que ha llevado incluso a la pérdida de vidas humanas, es preocupante"", señala el informe.
El Foro destacó que en los últimos años México ha sido testigo de ""una importante ausencia del Estado para garantizar y hacer respetar los derechos de los pueblos indígenas"".
El informe también critica las acciones de las empresas extractivas nacionales y transnacionales que a menudo cautivan recursos, destruyen hábitat y violentan las obligaciones legales del Estado mexicano.
A su vez las Naciones Unidas concluyen que los conflictos han surgido debido a la falta de procesos de consulta con los pueblos indígenas y de obtención del consentimiento libre, previo e informado de sus habitantes; además de los problemas ambientales y laborales que la industria genera.
El organismo internacional recomendó a México aprobar una Ley Federal de Consulta para los Pueblos Indígenas, armonizar la constitución con los instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos a los pueblos indígenas y revisar la legislación sobre los métodos de extracción, tipos de explotación y el uso de los recursos naturales.