Miles de trabajadores marcharon el jueves para exigir mejores salarios y jubilaciones en adhesión a una huelga nacional convocada por la Central Unitaria de Trabajadores, aunque el gobierno afirmó que sólo se plegaron a la protesta el 6,4% de los empleados estatales.
La protesta comenzó en la madrugada con la acción violenta de un grupo de encapuchados que quemó un autobús del transporte público con cuatro bombas molotov y con el levantamiento coordinado de barricadas en llamas en 12 sectores de la ciudad, precisó el ministro del Interior Andrés Chadwick. Hubo 26 detenidos.
Los trabajadores, acompañados de muchos estudiantes, marcharon en dos columnas, una por la principal avenida de la ciudad como exigía la Central Unitaria de Trabajadores, la mayor central sindical chilena. La larga caminata se desarrolló pacíficamente hasta el punto de reunión al norte de la ciudad.
Bárbara Figueroa, la joven líder comunista de la Central, dijo que la tranquilidad de la marcha permitirá que se destaquen los grandes temas que preocupan a los trabajadores: ""La nueva institucionalidad laboral, el trabajo decente, el sueldo digno, el fin a las AFP (las administradoras privadas de pensiones) y la reforma tributaria"".
Figueroa reiteró la demanda de la Central de lograr un salario mínimo de 250.000 pesos, equivalente a 491 dólares. El salario básico actual es de 387 dólares, mientras el gobierno ofrece 407 dólares. La oferta oficial, que se negocia hace tres meses, es rechazada incluso por el partido oficialista Renovación Nacional, de centroderecha.
Raúl de la Puente, presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, quien cifró la participación de su gremio en un 90%, reiteró la exigencia de ""jubilaciones dignas"", ya que el sistema impuesto por la dictadura militar (1973-1990) basado en los ahorros individuales de los trabajadores durante su vida laboral concluye con ""pensiones miserables"".
Un trabajador que ahorró mensualmente el monto legal exigido durante 30 años ininterrumpidos se jubila con una pensión promedio cercana o inferior a un tercio de su sueldo mientras estuvo activo.
Durante una evaluación al mediodía, Chadwick dijo que ""están todos los servicios públicos con funcionamiento normal. Salvo algunos como salud que hay una mayor lentitud"", al igual que la observada en el transporte público.
Precisó que la adhesión al paro de los empleados estatales, según cifras entregadas por cada ministerio, fue de sólo un 6,4%. Dijo de los 161.000 funcionarios públicos se encuentran paralizados 10.259 personas.
El jefe del gabinete opinó que ""razones para hacer un paro... a juicio del gobierno, las vemos como inexistentes"".
En ciudades del interior como en el vecino puerto de Valparaíso, en Chillán, Concepción, Angol, en el sur, y en Calama y La Serena, en el norte, también se observaron marchas de adhesión a la protesta, según informes del canal de televisión 24 Horas.
Chadwick adjudicó la quema del autobús y las barricadas a un desconocido ""Movimiento Juvenil Lautarista"".
Figueroa condenó los actos violentos y enfatizó que ""nosotros llamamos a una manifestación pacífica"" para exigir salarios dignos, reformas laborales y cambios al sistema de pensiones.
""Este paro no es contra la ciudadanía, todo lo contrario, es para que todos podamos vivir mejor"", declaró Figueroa a la prensa.
El gobierno del presidente Sebastián Piñera ostenta excelentes cifras macroeconómicas, pero la inequidad en la distribución de la riqueza en Chile sigue siendo un gran hoyo negro en Chile.