La administración de Barack Obama, enfrascada en una intensa ofensiva para frustrar las peticiones de asilo del ex analista de la CIA, Edward Snowden, y evitar que siga filtrando documentos que hoy son la causa de una crisis diplomática frente a países como Bolivia, Argentina, Brasil o México, se enfrenta a una lluvia de demandas judiciales presentadas dentro y fuera de Estados Unidos por distintas organizaciones no gubernamentales que buscan poner un alto al espionaje masivo de la Agencia Nacional de Inteligencia (NSA).
La ofensiva de estas organizaciones incluye, entre otras, a la Electronic Frontier Foundation (EFF), a la Electronic Privaty Information Center (EPIC.org) y a la American Civil Liberties Union (ACLU) dentro de EU. Pero, además, a la Liga de los Derechos Humanos y a la Federación Internacional de Derechos Humanos en Francia, que hoy son sólo la punta de lanza de una serie de demandas que han colocado a la defensiva al Departamento de Justicia.
Apenas el pasado miércoles, los promotores de una de las demandas dentro de Estados Unidos se alzaron con una importante victoria ante una corte federal de San Francisco. En su resolución, el juez Jeffrey White rechazó los argumentos del gobierno para desestimar la demanda interpuesta por la organización Electronic Frontier Foundation (EFF).