La Cámara de Diputados aprobó reforma a la Constitución para regular la contratación de deuda en estados y municipios; se pretende acabar con la irresponsabilidad de gobernantes en la contratación de empréstitos y se advierte que habrá cárcel e inhabilitación en el servicio público para quienes no cumplan con los topes de endeudamiento que, por cierto, deberá fijar el Congreso.
Cuando se dio la orden de encender el tablero electrónico para recibir la votación de la reforma vino un apagón que causó extrañeza a los diputados, a media luz sufragaron. Así, sólo con la luz brillante del tablero, que sí funcionó, se recibieron 457 votos a favor, dos en contra y una abstención.
Durante el debate el diputado del PAN, Damián Zepeda Vidales, lamentó que a causa de gobernantes sin escrúpulos el país prácticamente se esté hipotecando. Denunció también que en Nuevo León los bancos otorguen créditos a gobernadores y alcaldes con las tasas de interés más altas del país, lo cual huele a corrupción, amén de que ha puesto en riesgo la estabilidad financiera de las localidades:
""Esta reforma vendrá a poner orden a aquellos gobernantes que de manera muy suelta e irresponsable han endeudado a nuestro país... Ya basta de corrupción, no queremos un Humberto Moreira más en México, que en ningún estado vuelva a pasar lo ocurrido con las deudas de Coahuila, Nuevo León o Tabasco, no permitiremos que se vuelva a hipotecar el futuro de nuestros hijos..."".
Después de las exposiciones, ya discutiéndose las reservas a la reforma, un grupo de diputados del PAN, encabezados por Víctor Fuentes, colocaron al pie de la tribuna legislativa una manta con la leyenda: ""No más Deuda en Nuevo León"".
La priista Gloria Núñez Sánchez dijo que con la reforma se pretende la estabilidad de las finanzas públicas para coadyuvar con el crecimiento económico y la generación de empleos. También se fortalecerá la rendición de cuentas a través de la fiscalización de la deuda pública y habrá observancia del gasto etiquetado convertido en gasto corriente.
A su vez, el diputado del PRD, Carlos Antonio Altamirano, calificó de inconcebible que la deuda de estados y municipios ascienda a 436 mil millones de pesos, sobre todo porque esas deudas no concuerdan con las obras realizadas en la mayoría de los estados. Se refirió al crecimiento desproporcionado de las deudas de entidades gobernadas por el PRI y el PAN, pero nada dijo de las deudas de entidades gobernadas por el Sol Azteca: Distrito Federal y Michoacán.
La minuta que reforma los artículos 25, 73, 74, 79, 108, 116 y 117 de la Constitución fue turnada al Senado de la República, para su análisis y en su caso aprobación.