La Procuraduría General de la República (PGR) deberá dar a conocer el número de averiguaciones previas en las que se inició el ejercicio de la acción penal contra servidores públicos por el delito de tortura, especificando las autoridades acusadas en cada una de ellas, así como el número de averiguaciones previas iniciadas por ese delito que fueron desechadas.
Así lo determinó el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), al resolver un recurso de revisión presentado por un ciudadano, quien solicitó conocer esa información, pero la PGR por medio de la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas declaró la ""inexistencia"" de la misma.
Lo anterior, al argumentar que luego de una búsqueda en el Sistema Institucional de Información Estadística y el Libro de Gobierno, no localizó averiguaciones previas o actas circunstanciadas por el delito de tortura.
De acuerdo con el Código Federal de Procedimientos Penales, entre los delitos contra la administración de Justicia cometidos por los servidores públicos se encuentran obligar al inculpado a declarar usando la incomunicación, intimidación o la tortura.
Al inconformarse por la respuesta de la PGR, el solicitante refirió el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), dirigido al Comité Contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, sobre el cumplimiento de la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en México, se detectaron y documentaron diversos casos de tortura.
El caso fue turnado a la ponencia del comisionado Ángel Trinidad Zaldívar quien determinó que la dependencia no cumplió con el procedimiento de búsqueda establecido en la Ley, porque no turnó la solicitud a todas las unidades administrativas competentes.
Además, en una búsqueda de información pública relacionada con el tema, el comisionado advirtió que la PGR, en su Informe de labores de 2012, dio a conocer que la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas consignó 33 averiguaciones previas, entre las que se encuentran incluidas aquellas iniciadas por el delito de tortura.
Por lo anterior, el Pleno del IFAI determinó revocar la respuesta de la PGR e instruirle una nueva búsqueda exhaustiva en todas las unidades administrativas competentes, entre las que no podrá omitir la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales, la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad.
Así como en la Visitaduría General, la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional, y la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, a fin de que localice y entregue la información solicitada.