Miami, Florida.- Hoy a las 13:00 horas prevé que ya estará esposado de las manos y a punto de cambiarse la ropa civil por el uniforme de una prisión de Florida que portará seis meses por delitos que --asegura-- él no cometió y que por no tener abogados le han sido imputados, sin forma de defenderse.
Hijo del segundo hombre más rico de México, Alberto Baillères enfrentará a la justicia americana por supuestamente haber violado la orden de no contacto derivada por la destrucción de un cerco que sus vecinos derrumbaron, pero éstos acusaron al mexicano por ser el autor de dicha agresión.
En el último momento, pasado el mediodía de este miércoles, todavía solicitará al juez la posibilidad de recorrer la realización del juicio, para que en la próxima cita llegue con el auxilio de abogados especializados, a quienes les pagará gracias a la colecta que inició en internet apenas hace unos días y que empieza a surtir efectos.
Save Alberto B (Salva a Alberto B), se indica en la página de auxilio. Es Alberto Baillères, uno de los siete hijos del empresario mexicano considerado por Forbes el segundo hombre más acaudalado de México, y por la lista de Bloomberg el 35 más rico del mundo. A su padre ha recurrido, pero por sentimientos de hace más de 20 años no ha logrado el apoyo.
""Hay un distanciamiento importante entre mi padre y yo, que se generó desde que yo pude superarlo en preparación en el bachillerato que cursamos en la misma escuela. Desde ahí ha tomado posturas desfavorables, que son la razón por la que en esta oportunidad para apoyarme en este linchamiento me ha cerrado la puerta"", explica vía telefónica Alberto.
Al no tener el préstamo de su padre para contratar a su defensa, y por estar totalmente ""en quiebra"", se vio obligado a hacer la petición pública. Alberto, el segundo de los hijos de apellido Baillères, ha tenido cinco años difíciles en Florida y, de no tener una defensa jurídica adecuada, concluirán con la pérdida de su Green Card de Estados Unidos --donde ha vivido desde hace más de 30 años-- y su deportación a México.
En noviembre de 2009, Alberto, dedicado a los bienes-raíces, se convirtió en miembro activo de lo que en Estados Unidos llaman neighborhood watch o vigilante del vecindario. Al mismo tiempo de procurar la seguridad de su casa y la de sus vecinos, pidió al gobierno de Bonita Springs la inspección final del sistema de desagüe.
A partir de ahí vinieron acontecimientos inexplicables en su contra, que él atribuye a su actuar apegado a derecho que incomodaba a ciertas personas, como a la capitana de la policía de la ciudad y a gente influyente sin escrúpulos. Lo acusaron de entrar indebidamente a una casa y de robarse un refrigerador, cuando el aparato era suyo y lo había prestado. Alberto comenta que fueron 104 días de encarcelación injusta, 90 de los cuales estuvo en la zona donde se ubica a los peores criminales. Al final los cargos fueron retirados, pero la difamación estaba concertada ya.
Se fue un año a vivir a Boston para ver si así el ambiente se calmaba. Regresó con tranquilidad, pero en 2012, como persona responsable, avisó a un vecino que otros del mismo barrio se estaban metiendo a su alberca.
El afectado le pidió que aspirara el agua para darles a entender que no debían usar sin permiso el espacio.
En venganza, las personas corridas intentaron golpearlo cerca de su casa, pero Alberto logró subir los vidrios del carro para protegerse, y aunque él fue el agredido, sus golpeadores declararon que había intentado aventarles el auto.
La justicia no estuvo de su lado: le impusieron una orden de no contacto con los vecinos, quienes en octubre de 2012 rompieron una madera del cerco contiguo a su casa y levantaron una denuncia acusándolo de ser el autor de dicha agresión, que fue tipificada como vandalismo.
Las autoridades no trataron de conciliar o de reparar el daño: lo encontraron culpable y el 10 de marzo de 2013 lo encarcelaron 30 días.
Hoy enfrentará el juicio, por supuestamente haber violado la orden de no contacto derivada también de la acusación de la destrucción del cerco.
Llega sin defensa a que le impongan la pena máxima, que es de seis meses, y posteriormente incluso podría ser deportado.
Pero por su inspiración en Cristo, Alberto todavía guarda alguna esperanza.
""Voy a hacer una llamada de petición, de continuación, donde le diré al juez que coloqué esta solicitud en internet, lo que me ha generado suficiente [dinero] para contratar abogados.
Le diré: 'Permítame un tiempo antes de que el juicio se dé, para que entonces venga preparado, porque hoy vengo sin defensa'"", dice Alberto, quien ya ha recibido llamadas y aportaciones de diversos amigos alrededor del mundo, quienes están dispuestos a salvarlo.