Ciudad de México.- El gobierno federal plantea reformar la Ley General de Salud para poner candados al manejo de recursos públicos en el rubro.
Entre las propuestas están la de aplicar penas de cárcel de entre 2 y 7 años a quienes incurran en desvíos y sanciones hasta de 500 mil días de salario mínimo.
Con el objetivo de controlar y evitar corrupción en las compras de medicinas en los estados, la iniciativa plantea que autoridades federales controlen la adquisición y distribución de fármacos para hacerlas más eficientes y obtener mejores condiciones por volúmenes de compras a nivel nacional.
En caso de que se hagan transferencias de dinero, los recursos serán depositados en cuentas bancarias exclusivas del sector salud y administradas por autoridades locales.
El proyecto prevé investigar y sancionar a gobiernos estatales que no comprueben que los recursos se destinaron a los fines para los que fueron transferidos o entregados.
El Sistema Nacional de Salud envía actualmente a los estados alrededor de 21 mil millones de pesos para la compra de insumos, recursos enmarcados en el Seguro Popular.
En el ejercicio fiscal de 2011, la Auditoría Superior de la Federación alertó que existen ""debilidades"" en los sistemas de control y manejo de medicamentos.