#ORDEN La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, cuya finalidad será establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria que rijan a los estados y ayuntamientos para un manejo sostenible de sus finanzas públicas.
Con 325 votos a favor, uno en contra y 34 abstenciones, se avaló en lo general el dictamen a la iniciativa del Ejecutivo federal, que también reforma diversas disposiciones de las leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública y General de Contabilidad Gubernamental, y plantea que las entidades, municipios y entes públicos administrarán sus recursos con racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas.
Contempla que los estados incluyan en sus Presupuestos de Egresos reservas por un monto de, al menos, 10 por ciento de la aportación realizada por el Estado a la reconstrucción de su infraestructura dañada durante los últimos cinco años, para atender contingencias por desastres naturales o causas fortuitas, así como para llevar acciones para prevenir y mitigar su impacto en las finanzas públicas.
Los entes públicos no podrán contraer, directa o indirectamente, financiamientos u obligaciones con gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros, ni cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional, añade el documento enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Únicamente podrán contraer obligaciones o financiamiento cuando se destinen a inversiones públicas productivas y a refinanciamiento o reestructura, incluyendo los gastos y costos relacionados con la contratación de dichas obligaciones y financiamientos, así como las reservas que deban constituirse en relación con las mismas.
Al fundamentar el dictamen, el secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Herminio Corral, expresó que este dictamen establece un marco que genera reglas para garantizar el manejo sostenible de las finanzas públicas, de las entidades federativas y los municipios.
Sienta las bases para que los entes puedan incurrir en endeudamiento responsable, señalando los límites de afectación, de participaciones y las modalidades de contratación de empréstitos y obligaciones.