Niegan orden de aprehensión contra Escobar

El exsubsecretario de Segob es investigado por presuntos delitos electorales cuando fue vocero y secretario de procesos electorales del PVEM.

Ciudad de México.- Fuentes del Poder Judicial Federal, informaron que la jueza federal, Rosa María Cervantes Mejía, negó la orden de aprehensión que solicitó hace dos semanas a la Fepade en contra de Arturo Escobar, acusado de delitos electorales.

La titular del juzgado décimo primero de distrito de procesos penales federales en la ciudad de México, consideró que el ministerio público federal no acreditó la existencia de delitos electorales ni la probable responsabilidad de Escobar en los mismos.

La jueza determinó que las pruebas, con las que la Fepade intentó demostrar el delito imputado a Escobar, fueron insuficientes.

Funcionarios de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) confirmaron que el ministerio público federal presentará un recurso de apelación ante la negativa de conceder una orden de aprehensión en contra de Arturo Escobar, exvocero del Partido Verde, a quien se acusa de haber violado la ley electoral al contratar servicios y recibir beneficios de una compañía que no estaba aceptada como proveedora por el Instituto Nacional Electoral.

El juzgado 11 de distrito en materia penal negó, luego de diez días, el mandamiento judicial en contra de quien también se desempeñaba como subsecretario de prevención y participación ciudadana de la Secretaría de Gobernación, y la medida también fue negada en cuanto a las acusaciones presentadas por al Fepade en contra del exsecretario general de gobierno del estado de Colima y los abogados del candidatos del PAN al gobierno de esa entidad, Jorge Luis Preciado.

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En el caso de Arturo Escobar, la fiscalía detalló que recibió una serie de denuncias —de panistas, perredistas y ciudadanos en general— por la distribución de las tarjetas Premia Platinum en las que los mencionaba como afiliados, por lo que protestaron por el uso de sus datos personales, que presumían que se había utilizado el padrón electoral para fines distintos a los electorales, por lo que la Fepade inició la investigación y encontró una serie de contrataciones y actos indebidos.