Ciudad de México.- Con 409 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción y la impunidad, con lo que se crea el Sistema Nacional Anticorrupción, el cual contará con un Comité Coordinador para prevenir, detectar y castigar hechos de corrupción.
Pese a que un tercio de la fracción del PRD y las bancadas del PT, MC y MORENA exigían que el Sistema alcance al presidente Enrique Peña Nieto, su esposa Angélica Rivera y al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, por el supuesto conflicto de interés en la adquisición de mansiones al Grupo Higa, los grupos parlamentarios del PRI, PAN y gran parte del PRD adujeron que las leyes no tienen retroactividad.
Ricardo Anaya Cortés (PAN) advirtió que la reforma va en serio y que nadie se atreva a detenerla o desvirtuarla porque ""quien se atreva va a acabar atropellado por una sociedad que está cansada y harta de los políticos corruptos que amasan fortunas -ilícitas- en sólo tres o seis años de estar en un cargo público"", advirtió.
A su vez, Héctor Gutiérrez de la Garza (PRI) dijo que éste es apenas el inicio de un proceso largo en la lucha contra la corrupción y la impunidad: "". Estamos rompiendo paradigmas, fortaleciendo a las instituciones, sin permitir excepciones. Falta mucho trabajo por delante, no hay que alzar las campanas al vuelo, estamos (apenas) iniciando el proceso"", dijo.
Por su parte, Ricardo Cantú Garza (PT) señaló que ésta reforma es cosmética y parcial que no garantiza un combate eficaz a la corrupción. ""Hace que prevalezca la impunidad, debido a que no se aceptó la posibilidad de juzgar al Presidente de la República por otros delitos que no sea el de traición a la Patria"", subrayó.
El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción estará integrado por la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía especializada en Combate a la Corrupción, el titular de la Auditoría Superior de la Federación, el titular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el titular del IFAI, el representante del Consejo de la Judicatura y el representante del Comité de Participación Ciudadana.
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa podrá imponer sanciones tanto a servidores públicos como a particulares que incurran en faltas administrativas graves. A los particulares vinculados en actos de corrupción se les inhabilitará para participar en adquisiciones, se disolverá o intervendrá a la empresa que representen y se le obligará a reparar el daño causado al erario.
El Comité de Participación Ciudadana estará integrado por cinco destacados ciudadanos que hayan contribuido a la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Y los Contralores de los órganos autónomos como el Instituto Nacional Electoral (INE) serán nombrados por la Cámara de Diputados.