Ciudad de México.- #TRANSPARENCIA El Senado solicitó incluir al Presidente de la República y a los titulares de los tres poderes en los estados al Sistema Nacional Anticorrupción, para que puedan ser sujetos de sanciones en caso de malversaciones de fondos.
Miguel Barbosa, presidente del Senado, consideró que la reforma en la materia debe ser discutida como una prioridad, para combatir la impunidad generada por el desvío de recursos.
""En la minuta del Sistema Anticorrupción sería positivo integrar tres elementos: incluir al titular del Poder Ejecutivo en el artículo 108 constitucional, sobre responsabilidades de los servidores públicos; fortalecer la autonomía de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que sea un auténtico tribunal de cuentas.
""También que el sistema incluya a los titulares de los poderes de las entidades"", dijo el también coordinador del Partido de la Revolución Democrática.
El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la Repúblicaafirmó que laconstrucción de los sistemas nacionales de transparencia y anticorrupción es la base para sanear la opacidad en la vida pública de los servidores públicos y restablecer la confianza ciudadana en las instituciones del Estado.
Destacó que la aprobación en el Senado de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información representa un avance fundamental en el país ""porque se garantiza el acceso a la información en posesión de cualquier entidad, autoridad y órgano de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial"".
Dato ABC
La reforma crea una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno con tareas de prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y actos de corrupción, así como con la fiscalización y control de recursos público
Qué contiene el dictamen
Un nuevo esquema de responsabilidades de servidores públicos y los particulares vinculados con corrupción.
Sistema Profesional de Carrera en todos los órganos fiscalizadores.
Se amplía a siete años el plazo de prescripción por las faltas administrativas graves.
Busca que los servidores públicos puedan ser investigados y sancionados por una administración distinta a la que ejercían sus funciones.
Las declaraciones patrimonial y de conflictos de intereses será obligatoria en todos los niveles.