Ciudad de México.- Tal vez no lo sepa pero con la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, cualquier autoridad está en la libertad de solicitar información sobre sus llamadas, mensajes de texto (SMS) e incluso de su ubicación a empresas de telefonía móvil.
Situación que tiene muy preocupadas a empresas como Telcel, Telefónica México (Movistar), Iusacell y Nextel, así como a organizaciones de la sociedad civil, la regla general es la misma: no confían en las autoridades y consideran que esto es espionaje.
“Consideramos que es necesario que se enlisten todas y cada una de las instancias de seguridad a las que hace referencia el artículo 189, con la finalidad de brindar certeza jurídica”, dijo al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Gabriel Székely, director de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), que representa a las cuatro empresas telefónicas que operan actualmente en el país.
Por su parte Luis Fernando García, director de la Red en Defensa por los Derechos Digitales (r3d), comentó que las medidas de almacenamiento de datos y geolocalización, no ayudan en nada a la mejora en la seguridad de los usuarios, por el contrario la comprometen, porque en este País dice la diferencia entre la delincuencia organizada y autoridades es nula.
“Especialmente, en el contexto que vivimos en México donde la diferencia entre autoridades y miembros de la delincuencia organizada es prácticamente inexistente, es totalmente riesgoso dar esas facultades tan amplias sin controles, claridad, ni detalles a autoridades que no conocemos para llevar a cabo estas medidas que invaden la privacidad”, señaló García.
Lo anterior, ya que si no fue legítima la invasión a la privacidad, los usuarios tendrán la oportunidad de acceder a la justicia, agregó.
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Espionaje a funcionarios y empresas
Lorenzo Córdova, presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), fue balconeado en una llamada telefónica personal donde se expresaba sobre los indígenas de Ayotzinapa de forma negativa posteriormente comentó que sus comentarios ""privados"" fueron 'jocosos y desafortunados'.
Recientemente, OHL, empresa concesionaria de autopistas de peaje, se vio involucrada en otro escándalo telefónico cuándo se dio a conocer una serie de llamadas telefónicas entre sus directivos y autoridades del Estado de México. La empresa había inflado tarifas de peaje que reportó a las autoridades y pagó a su vez las vacaciones de un funcionario público.
En el 2012, Joaquín Vargas, presidente de MVS, dio a conocer unas conversaciones realizadas a través de mensajes de texto que mantuvo con el senador panista Javier Lozano, en este caso el negó que fuera espionaje, ya que los textos los tomó de su teléfono celular.
Cabe destacar que hasta el momento, no se ha penalizado el uso de las llamadas y mensajes anteriormente mencionados.