Ciudad de México.- Penas de hasta 25 años de prisión y multas por un millón 826 mil pesos son las penas que el gobierno federal impondrá a quien se apropie de hidrocarburos de manera ilegal, y también a quien lo compre.
Mediante un decreto se establece que el Ministerio Público Federal perseguirá de oficio a quien no demuestre la posesión legal de hidrocarburos, petroquímicos o activos.
El ordenamiento legal advierte que en caso de que los sujetos involucrados en actos ilícitos sean trabajadores o prestadores de servicio, asignatarios, contratistas, permisionarios o distribuidores (gasolineros) o servidores públicos de la industria petrolera (como Pemex) o de las instituciones policíacas, las sanciones aumentarán hasta una mitad más de acuerdo con la pena prevista.
Es decir, si es trabajador de Pemex o de cualquier empresa petrolera que opere en el país o Franquicitario de Pemex o nuevo distribuidor (como se prevé con la Reforma Energética), se aplicaría una sanción de hasta 37.5 años y multas de hasta 2 millones 739 mil pesos.
Además, si el responsable es franquicitario, asignatario, contratistas, permisionario o distribuidor, se le revocará el permiso correspondiente y en su caso, la disolución y la liquidación de la sociedad.
