Ciudad de México.- La presidenta de la Comisión de Gobernación, senadora Cristina Díaz, destacó que con la participación de la sociedad y en un ejercicio de Parlamento Abierto, se incorporaron las demandas y opiniones al proyecto del dictamen de la Ley General de Atención a Víctimas.
De esta manera se tiene un ordenamiento jurídico que permitirá a las víctimas medidas de apoyo y de reparación integral del daño de manera inmediata.
Además garantizará por disposición legal que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) tenga una estructura orgánica funcional.
Este martes el Senado celebró la reunión extraordinaria de trabajo de las comisiones unidas de Gobernación, Derechos Humanos, Justicia y de Estudios Legislativos para analizar el Proyecto de Dictamen por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas.
Ahí, la legisladora priista destacó que a partir del intercambio de opiniones y propuestas con diversas organizaciones, se establecieron cambios como eliminar diferencias respecto a la Ley Federal de entidades paraestatales.
Además se establecerá la consulta pública previa por parte del Ejecutivo federal para nombrar al Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas.
Otro punto acordado fue otorgar a la CEAV personalidad jurídica y patrimonio propio con autonomía técnica de gestión, y la determinación de contar con los recursos que le asigne el presupuesto de Egresos de la Federación.
Asimismo, se establece una organización equilibrada en la Junta de Gobierno, para lo cual se reconoce la incorporación de cuatro representantes de la Asamblea Consultiva, indicó Díaz Salazar.
La senadora Cristina Díaz explicó que el proyecto de dictamen tiene 8 meses de trabajarse y “no se está haciendo de botepronto y la anterior ley que aprobamos al principio de la 62 legislatura, fue en todo momento atendiendo a la ciudadanía y a los colectivos que presentaron su iniciativa, misma que la hicimos nuestra, integramos el dictamen y posteriormente se presentó y aprobó en el pleno".
La senadora por Nuevo León subrayó que el principal objetivo de la Ley es garantizar el principio constitucional de reparar el daño a las víctimas y los derechos de las personas que sufran delitos y violaciones.