Ciudad de México.- La dirigencia nacional del PRI descartó que la expulsión del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte como militante sea una cortina de humo para ocultar actos corruptos de otros priistas, y prometió pronto resultados contra otros ex mandatarios como los de Chihuahua y Quintana Roo.
Enrique Ochoa Reza, presidente del Comité Ejecutivo Nacional, dijo que los próximos casos a revisión por parte de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria seguirá con los casos de los ex gobernador de Roberto Borge, de Quintana Roo, y César Duarte, de Chihuahua.
"Cuando esté lista para procesar dichos casos, lo hará del conocimiento de toda la ciudadanía, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria se haya analizando puntualmente esos casos.
"Se tiene que actuar sin burocratismos, de manera inmediata y lo más pronto posible. Hay acciones muy contundentes en estos 100 días en los que he encabezado el Comité Ejecutivo Nacional del PRI en contra de la corrupción".
Recordó que acudió al Senado de la República en la primera semana como presidente nacional, precisamente para pedir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atendiera de manera prioritaria los casos de las instituciones blindaje de los gobiernos de Chihuahua, Quintana Roo y Veracruz.
Dijo que la Suprema Corte efectivamente atendió de manera prioritaria y por unanimidad de sus integrantes declaró la invalidez de aquellas reformas en Chihuahua y en Veracruz.
En el estado de Quintana Roo se revirtieron esas reformas, precisamente porque la Corte iba a atenderlo de manera prioritaria.
"Siguiendo esa misma lógica, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria oportunamente atrajo los casos que estaban en comisiones estatales para atenderlos de manera inmediata.
El primer caso en atención fue el Veracruz, y cuando todavía Javier Duarte estaba en funciones, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria llevó a cabo el acto histórico de suspender del partido a un gobernador en funciones.
"Ahora de manera reciente la Comisión ha expulsado a Javier Duarte y exigimos a las autoridades federales que continúen las investigaciones correspondientes y que se cumplan las órdenes de aprehensión.Los corruptos deben de terminar en la cárcel."