Presenta Congreso veracruzano desvíos de Duarte

Ex gobernador priista y alcaldes malversan más de 16 mil millones de pesos.

Veracruz.- El Congreso de Veracruz aprobó el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2015 de los entes fiscalizables del Estado, el cual detectó un presunto daño patrimonial en la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado y en 41 municipios por 16 mil 349 millones 315 mil 072.95 pesos.

En la tercera sesión extraordinaria, el pleno del Congreso veracruzano aprobó con 47 votos a favor-de diputados del PRI, PAN, PVEM PRD, PT, Movimiento Ciudadano, AVE y Nueva Alianza.

Hubo dos votos en contra, de los diputados Ricardo Ahued Bardahuil y Jesús Vázquez González, y una abstención, del diputado Eduardo Sánchez Macías.

Este Informe establece que la Cuenta Pública del Gobierno del Estado reporta un presunto daño patrimonial por 14 mil 220 millones 441 mil 220.5 pesos, correspondientes a la gestión del ex gobernador Javier Duarte.

Tan sólo la Dirección General de Comunicación Social del rubro deudores diversos tiene un monto de un mil 994 millones 621 mil 354.92 pesos, sin que haya normatividad suficiente que valide este hecho.

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Del análisis de la Cuenta, la comisión determinó que la Sefiplan deberá reincorporar al Instituto de Pensiones el importe de 284 millones 870 mil pesos; además de 2 mil 709 millones 60 mil 306.03 pesos que son recursos que el IPE debe al Fideicomiso del Fondo de la Reserva F/745357.

El Informe indica un presunto daño patrimonial por un mil 828 millones 413 mil 643.1 pesos detallado de la manera siguiente: en las Secretarías de Educación (SEV); de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP); de Desarrollo Social (Sedesol); de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa) y la Sefiplan por un monto de 739 millones 18 mil 341.29 pesos.

Además en 15 organismos públicos descentralizados que son el Colegio de Veracruz, Instituto de Espacios Educativos del Estado; en los Institutos Tecnológicos Superior de Alvarado, de Jesús Carranza, de Las Choapas, de Naranjos, de Tantoyuca y el de Tierra Blanca. Así como el instituto Veracruzano del Deporte, la Universidad Popular Autónoma de Veracruz.

Asimismo, en la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora, la Comisión de Agua del Estado, la comisión municipal de Agua Potable y Saneamiento de Coatzacoalcos, el Consejo de Desarrollo del Papaloapan y los Servicios de Salud de Veracruz, por monto de 359 millones 296 mil 137.41 pesos.

En seis fideicomisos también hay un presunto daño patrimonial por 730 millones 99 mil 164.38 pesos.

Al Centro Estatal de Justicia Alternativa y el Fideicomiso de Administración e Inversión Número F/407807-7 del Poder Judicial del Estado le fueron detectadas inconsistencias de carácter administrativo que deberán ser atendidas por su Órgano Interno de Control.

El ayuntamiento de La Antigua informó el impedimento para remitir su información debido a que el Palacio Municipal está en poder de servidores públicos de ese municipio. El Órgano Fiscalizador autorizó un término de 20 días para que sea realizada la solventación respectiva, una vez liberado el Palacio Municipal.

El Poder Legislativo de Veracruz, la Universidad Veracruzana, la Fiscalía General del Estado, el Organismo Público Local Electoral, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas no presentan daño patrimonial.

En 41 ayuntamientos fue detectado un presunto daño patrimonial por un monto de 134 millones 252 mil 497.53 pesos.

El Congreso de Veracruz estableció que el Órgano Interno de Control del Poder Ejecutivo llevará a cabo la compulsa y verificación de la totalidad de la nómina referente al personal de base estatal de la SEV, mismo que entregará al ORFIS en un plazo no mayor a 30 días naturales a partir de la notificación.

El Poder Legislativo instruyó al Órgano Fiscalizador iniciar la fase de determinación de Responsabilidades y Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones, previstos en la ley de Fiscalización, en contra de los servidores o exservidores públicos cuya conducta implique irregularidad o ilicitud en el manejo de los recursos públicos ejercidos en 2015.