Ciudad de México.- La capacitación de ocho años y la inversión de 15 mil millones de pesos que ha realizado el Gobierno Federal para convertir a la Policía mexicana en una institución investigadora no han dado resultados.
Desde que se puso en marcha el nuevo Sistema Penal Acusatorio en México, las cifras de los detenidos son similares a las que se presentaban con el viejo Sistema Penal: apenas el 15 por ciento de los casos se deriva de una investigación policial o ministerial.
El restante 85 por ciento de los detenidos por la PGR y consignados ante los jueces federales son presentados por delitos cometidos en flagrancia, es decir, “con las manos en la masa”.
La mayoría son sorprendidos y detenidos con armas, droga o combustible robado, de acuerdo a datos oficiales del Poder Judicial de la Federación (PJF) revelados por el portal Animal Político.
Los datos del PJF revelan que en el periodo del 14 noviembre de 2014 (cuando comenzó a implementarse el nuevo sistema a nivel federal) al 15 de junio de 2017, se ha imputado un total de 22 mil 88 personas.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, durante la inauguración del Primer Encuentro Nacional de Operadores del Sistema de Justicia Penal, dijo que es “urgente” la profesionalización de todos los operadores del Sistema Penal, con el objetivo de tener casos sólidos que sean fruto de investigaciones y no de hechos fortuitos.
“Necesitamos que las vinculaciones a proceso involucren causas que realmente sean producto de una investigación profesional y científica y no sólo, como sucede hasta ahora, de casos casi exclusivamente por flagrancia”, dijo.
Por su parte, María Novoa, directora del área de Justicia en el Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC), explicó que en los últimos años han bajado las detenciones por parte de las autoridades de seguridad, y eso se explica por las deficiencias en la capacitación.
Lo anterior, a pesar de que se tuvieron más de 15 mil millones de pesos en todo el periodo, pero se privilegió la generación de infraestructura y en mucho menor medida se invirtió en el capital humano.
“Tenemos información que nos permite decir con evidencia que el problema está en la operación del sistema por parte de los principales operadores: ministerios públicos y policías”.